Por Florencia Vizzi
El 2017 fue un año clave para la causa que se sigue por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco. Después de un sinuoso y largo camino recorrido por los laberintos de la Justicia, tanto Provincial como Federal, finalmente se consiguió el procesamiento de 30 policías, entre ellos jefe y personal de la dirección de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Santa Fe, en grados de coautores, partícipes secundarios y encubridores.
En ese contexto, el juez federal número 3 de Rosario Carlos Vera Barros, ordenó a la Gendarmería Nacional, en el mes de julio de 2017, secuestrar toda la documentación existente en el Instituto Médico Legal relacionada con el caso. Cinco días después, apareció un informe de una pericia odontológica fechada el 30 de octubre de 2015, que nunca fue incorporado al expediente y que se presta a más sospechas de las que ya existen en cuanto al encubrimiento de lo ocurrido con Franco Casco y de quienes participaron del mismo.
En diálogo con Conclusión, Salvador Vera, representante de una de las partes querellantes, refirió el circuito de dicho informe y las razones por la cual lo consideran nulo y parte de una estrategia de la defensas que no es más que una» bomba de humo» para correr el eje de las cuestiones centrales del procesamiento.
«En ese momento, entre toda la documentación existente, no surgió ningún informe pericial odontológico ni ninguna constancia de que se haya producido», dijo Vera a este medio. «Y, si nos remontamos al inicio de la cuestión, tenemos que retroceder al día 30 de octubre de 2014, que es el día de la aparición del cuerpo de Franco, día en el cual, se produce la primera autopsia. El informe de la misma, firmado por el doctor Raúl Rodríguez, que es quien la realizó, da cuenta de la pérdida de tres piezas dentarias y da cuenta de que no se realizó pericia odontológica. Y esto lo confirma el mismo Rodríguez luego, en el año 2015, en declaración testimonial en la Fiscalía Federal, cuando dijo que no se realizó pericia odontológica y que además el Instituto Médico Legal no contaba con peritos odontólogos forenses», detalló el abogado. «Sobre esto, queremos sumar además una cuestión que nos parece central—agregó el letrado— no existe constancia en el expediente, a través de la cual alguna autoridad judicial, haya ordenado la pericia. Digo alguna porque en ese momento, el cuerpo de Franco Casco apareció en el marco de las audiencias de Habeas Corpus que se estaban llevando a cabo. En ese marco se produjo la primera autopsia con participación de la familia, con la asistencia jurídica de quien en ese momento era el defensor público provincial, Gabriel Ganón, y en la misma participó el médico de partes de la familia, que controló toda la autopsia e hizo un informe». «Además, agregó, en días posteriores se produce una nueva reautopsia, también con participación de la familia, a través de Ganón y a través del médico de partes».
Elsa Godoy, madre de Franco Casco, marcha con las Madres de Plaza de Mayo de Rosario pidiendo justicia. Elsa falleció sin saber que pasó con su hijo.
En ese sentido, Vera planteó claramente su postura al respecto del informe, en primer lugar, si la pericia odontológica forense se realizó el mismo día 30, en que se produjo la autopsia. «¿Por qué ningún fiscal la autorizó?, ¿Y por qué no se comunicó que se iba a realizar la misma?» Esto entonces, nos lleva a preguntarnos si la misma existió o no… porque no tiene soporte documental el informe pericial. Solo adjuntaba tres fotografías que son tomas de la autopsia de Franco Casco.
La importancia de la fecha en este tema no es menor, ya que, según lo expresado por el letrado, si la pericia se hizo el día 30, y el mismo día se hizo la autopsia con la presencia de las partes, ya se conocía la identidad del cuerpo. «No hubo participación del médico de parte de la familia, ni participaron de los fiscales, entonces ¿quién lo autorizó? No existe orden. Si realmente se hizo, fue una incursión ilegal sobre el cuerpo de Franco Casco o por lo menos no autorizada judicialmente».
Vera volvió a hacer hincapié en que «en el expediente no existe autorización judicial para realizar esa pericia y esto, el médico forense que dirigió la autopsia, debería haberlo registrado». «Sin embargo, el mismo Raúl Rodríguez se encargó de negarlo en el año 2015, cuando prestó declaración testimonial», remarcó.
La otra cuestión que genera sospechas y recelos varios es, sin dudas, que fue el mismo Rodríguez el que introdujo el informe en el expediente judicial, luego de que se realizara el allanamiento al Instituto Médico Legal, lo cual provocó que que las dos querellas pidieran que sea citado a declaración indagatoria, aunque el juez aún no ha resuelto sobre ello.
Validez de las pericias y nulidad de origen
Salvador Vera señaló en varias oportunidades que para las querellas dicho informe pericial «carece de toda validez, porque no fue autorizado ni controlado, por lo cual, debe ser considerado nulo». «Las querellas consideramos que el informe no tiene entidad ni validez, porque no tiene soporte documental y porque acarrea una nulidad de origen, ya que no fue documentado»
Aún así, consultado sobre la coincidencia o no del mismo con el examen realizado sobre el cuerpo de Franco Casco por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación en Buenos Aires, Vera señaló que «tanto el informe de Rodríguez como el de la Corte Suprema detectan el faltante de tres piezas dentarias, con el agregado de que ahí se hicieron estudios pertinentes que determinaron la existencia de de microfisuras y dictaminaron la pérdida traumática en vida de esas piezas».
Por su parte, el doctor Raúl Rodríguez prefirió no dar declaraciones al respecto por el momento, hasta tanto no realice su descargo judicial.
