El abogado de Dilma Rousseff afirmó hoy que la mandataria suspendida de Brasil «ya estaría absuelta» si el juicio político que se le sigue fuera un «proceso normal» sin «sentimientos golpistas» originados en sectores políticos y mediáticos de Brasil.
En una entrevista con Télam en San Pablo, José Eduardo Cardozo, ex ministro de Justicia y ex abogado general del gobierno de Rousseff hasta el 12 de mayo último, repasó la crisis política y apuntó que la divulgación de un audio entre la mandataria y Luiz Inácio Lula da Silva hecha por el juez Sérgio Moro, del caso Petrobras, fue «la piedra de toque en la constitución de un movimiento golpista».
«Si este fuera un proceso normal, Dilma ya estaría absuelta. La prueba es cabal, es evidente que no hay pruebas que sustenten a la acusación, que este proceso contable no tiene base jurídica. Tiene el componente político de personas que quieren derrocar a Dilma de cualquier forma. El sentimiento golpista es muy fuertes en algunos sectores», dijo Cardozo.
En ese sentido, afirmó que existen «sectores de los grandes medios involucrados con el golpismo, que apuestan a la desinformación» para mantener a Temer en el poder.
La fecha estimada para el fin del proceso en el Senado es para fines de agosto, y Rousseff necesita que sus adversarios no lleguen a 54 votos para poder destituirla bajo la acusación de irresponsabilidad fiscal, algo que peritos y un procurador de la república en Brasilia han descartado.
El fiscal federal Iván Marx archivó por inexistencia de delito la denuncia sobre las «pedaleadas fiscales» de Rousseff para completar el Plan Zafra de 2015 para asistir a campesinos y pequeños productores: se derribó la tesis de que el gobierno usó créditos de bancos públicos para cumplir obligaciones presupuestarias.
«La decisión indica que no existe dolo, que no hubo crédito, es una interpretación jurídica que es demoledora de la acusación en todos los aspectos. No hay crimen (delito). No hay ilegalidad, eso es lo que dice el fiscal en su decisión», sostuvo Cardozo, alentado por incorporar esta resolución en los argumentos sobre la defensa de Rousseff.
Otra de la línea de la defensa es que el juicio político es un «chantaje» del entonces presidente de Diputados, Eduardo Cunha, quien se alió al resto de la oposición a Rousseff en diciembre y le dio curso al proceso, al cual se sumó el vicepresidente rebelde, Michel Temer.
Cardozo admitió que existen seis senadores que pueden cambiar su opinión, mantener a Rousseff en el cargo y echar por tierra el gobierno interino de Temer.
«El margen es muy estrecho, confiamos en que los senadores puedan cambiar de opinión. El juicio en el plenario del Senado nos va a favorecer, dará publicidad a todas las pruebas que fueron producidas contra este juicio que sólo tiene un componente político para sacar a la presidenta Dilma», dijo el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).
Al ser consultado sobre las encuestas de popularidad de Temer y Rousseff, el abogado fue tajante al afirmar que ningún instituto demoscópico se ocupa de la pregunta más importante, «si creen que la salida de Dilma es legítima o ilegítima, que no tiene que ver con opiniones políticas, sino con una cuestión democrática».
El miércoles 16 de marzo la crisis política se aceleró: fue el día en el cual el juez Moro divulgó el audio de Lula -que estaba por asumir como jefe de gabinete- y de Rousseff, un espionaje telefónico considerado ilegal, considerado nulo por la corte suprema, pero que puso al borde de la caída al gobierno.
«Esta escucha hecha pública de la Presidenta, algo que tiene que hacer la Corte apenas, fue reconocido como algo ilegal y abusivo. Y fue la piedra de toque en la constitución del movimiento golpista, fue un acto de profunda ilegalidad al punto que intervino la Corte. Sí contribuyó para una presión de la opinión pública contra el gobierno de Dilma», evaluó.
Según Cardozo, no se puede afirmar que el Poder Judicial se haya transformado en un actor político, al ser consultado sobre el apoyo popular que la oposición derechista al PT le dio a Moro, que conduce la Operación Lava Jato, el proceso que descubrió desvíos en Petrobras en contratos con empresas de ingeniería para financiar campañas políticas.
«No se puede decir que el Poder Judicial como un todo se ha dedicado a hacer política partidaria. A veces sí existen jueces, fiscales y policías involucrados en movimientos políticos, con lo cual, diría, extrapolan sus atribuciones, es algo que ocurre en todo el mundo», dijo el ex ministro.
