Un revés judicial para tres referentes del PRO en Santa Fe finalmente quedó sin efecto. León Barreto, Miguel del Sel y Norberto Eduardo Principato, quienes habían sido inhabilitados por el juez federal Reinaldo Rodríguez para ocupar cargos públicos, apelaron la medida y se revirtió.
Barreto, intendente de Funes, dialogó con Conclusión y subrayó que “lo importante es llevarle tranquilidad a los vecinos que esta situación se aclaró y se hizo lugar a la apelación”.
Barreto aclaró: “En 2012 y a 17 días para terminar el año y 8 días hábiles para terminar el período contable y para cerrar los balances me solicitaron que ocupe el lugar del tesorero que había sido apartado por un mal desempeño, a partir de ahí empezamos a trabajar, a tratar de hacernos de la información a través de cartas documento, solicitando los libros y comprobantes que no estaban, y con los tiempos justos pudimos presentar todo esto. A lo largo de 2 años recibimos una notificación que había una diferencia de 5.004 pesos en la rendición de estos fondos. En ese momento no tenía ningún cargo público ni partidario. Hoy estamos aquí por firmar como tesorero en el cierre de ese balance pero gracias a Dios creo que en los próximos días vamos a tener unas noticias positivas con respecto a este tema».
Luego dejó entrever que le resultaba extraño que la resolución judicial se dé “a un mes de las elecciones”. “Nos inhabilitaba para ocupar cargos públicos y para poder ser candidatos, es mucha coincidencia con el buen resultado que ha tenido Cambiemos en la provincia y en la ciudad“, enfatizó.
En tanto emitió un comunicado titulado «Confío en la Justicia»:
Es sabido por todos que durante las campañas electorales hay quienes, ante la ausencia de propuestas para mejorar la ciudad y la calidad de vida de todos sus habitantes, deciden utilizar toda su energía en desprestigiar a los dirigentes políticos de otros partidos, impidiendo que el ciudadano pueda generarse opinión con un debate político maduro, responsable y que tenga en miras el interés y las necesidades de todos. Es por ello que me veo obligado a explicarle la enorme injusticia a la que estoy siendo sometido en estos días.
El 14 de diciembre del año 2012 asumí el cargo de tesorero, el cual desempeñé por 17 días. Yo no era autoridad, no participé en las decisiones de la campaña y tampoco tuve participación ni en la recaudación, ni en los gastos en el período denunciado. Sin embargo, como tesorero fue mi deber preparar la rendición administrativa que se presentó como estado contable.
Tiempo después la Cámara Nacional Electoral dentro de los autos caratulados ‘PRO PROPUESTA REPUBLICANA S/ CONTROL DE ESTADO CONTABLE ANUAL 2012’ desaprobó el estado anual de su patrimonio o balance general del partido correspondientes al año 2012.
Las causales por las que se desaprobó el balance 2012 fueron: a) Haber omitido informar partidas pendientes de cobro provenientes del Estado Nacional (no cobradas por el partido); b) No haber acompañado un listado detallado de los aportes privados al partido por la suma de $ 5.004 (cinco mi cuatro pesos). Monto que fue colectado ‘a la canasta’ entre los afiliados y dirigentes partidarios, cuando Yo no ocupaba cargo alguno.
A pesar de no existir elemento alguno que justifique el inicio de una investigación sobre el tema, el Juzgado Federal Nº1 de la ciudad de Santa Fe, con competencia electoral, decidió llevar adelante una investigación.
Esta sentencia no se encuentra firme ya que fue objeto de recursos atento a que presenta cuestiones que deben ser revisadas por instancias superiores a la luz de la Constitución Nacional. Los mismos se encuentran concedidos y con efecto suspensivo, por lo que ninguna incidencia tendrá en el ejercicio del cargo que me encuentro desempeñando.
En el proceso no hay Resolución firme sobre el fondo del asunto y por eso he planteado en mi defensa los siguientes argumentos:
Sólo fui tesorero del partido desde el 14 al 31 de diciembre de 2012, por lo que no ocupaba el cargo al momento de ocurrir los hechos investigados.
No hay relación alguna entre los hechos investigados con los motivos por los que la Ley de Financiamiento de Partidos políticos aplica sanciones.
No se me atribuye haber cometido personalmente ninguna conducta reprochable.
No se ha respetado mis derechos constitucionales de defensa en juicio, mi derecho a un debido proceso y a una Resolución Judicial fundada y justa.
A pesar de lo expuesto, de las violaciones a mis derechos constitucionales y del curioso momento elegido por el juez para resolver la presente causa (previo a las elecciones), sigo confiando en el sistema judicial de nuestro país y tengo fe que en virtud de los planteos, argumentos y recursos efectuados por mis defensores, se terminará reconociendo mi inocencia y definitivamente se hará justicia.
