Este año se llevaron a cabo 31 fiestas electrónicas a las cuales asistieron unas 50 mil personas. Desde el mes de febrero, la provincia decidió aumentar los procedimientos de seguridad por lo cual, el saldo fue positivo y no hubo que lamentar muertes ni afectados graves.
El viernes 6 de diciembre, se llevó la última fiesta y el último protocolo del año en la zona norte de la ciudad. Según precisó el Secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Guillermo Turín, en esa oportunidad, “ingresaron al local unas 2 mil personas y como en cada oportunidad, se puso en práctica el protocolo de seguridad con los controles dentro y fuera del lugar que apuntan a la salud de los asistentes y las condiciones de seguridad generales”.
En ese sentido, el funcionario informó que “hubo que hacer un traslado al Hospital Alberdi de un hombre de 40 años que sufrió una descompensación y quedó en sala de guardia donde fue compensado y además, fueron atendidas tres personas en el puesto sanitario dispuesto en la fiesta”, precisó.
Por otro lado, Turín sostuvo que en promedio, fueron tres derivaciones por fiesta de personas que presentaban signos de descompensación. “Estas situaciones pueden estar vinculadas a los cuadros generados por el consumo de pastillas cuyo expendio ha disminuido en el interior de los lugares donde se lleva adelante el evento a partir de la fuerte presencia del Estado municipal, provincial y nacional”, aseguró.
Controles fuera y dentro de los boliches
La ciudad cuenta con un procedimiento de control por el cual la Municipalidad de Rosario fiscaliza la organización y el desarrollo de eventos masivos de hasta 3500 asistentes. Se trata de un protocolo impulsado por Lifschitz en febrero pasado, luego de las muertes ocurridas en Arroyo Seco durante una fiesta en un local llamado Punta Stage. Desde entonces, las municipalidades y comunas santafesinas ponen en práctica una serie de medidas en cada uno de estos eventos que permiten aportar condiciones más seguras a los asistentes.
Elaborado junto con la Secretaría de Salud Pública y en coordinación con los productores y/o organizadores de fiestas masivas así como los titulares de los locales habilitados, el protocolo es coordinado por el municipio con el Ministerio Público de la Acusación, Ministerio de Seguridad y Fiscalía Federal, para prevenir el ingreso y consumo de drogas y elementos que pudieran revestir peligrosidad al lugar.
