Por Andrea San Esteban

A partir del informe del “Observatorio de conflictividad social y laboral”, se desprende que los hechos donde las manifestaciones laborales y sociales fueron enfrentadas y reprimidas por las fuerzas de seguridad tanto nacionales como provinciales, tuvieron directa relación con la flexibilización de trabajadores. Cierre de empresas y despidos, como así también en las reivindicaciones de género.

El informe incluye el relevamiento de archivo de las declaraciones del ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni del 15 de abril de 2017 que, advirtió: “Hay una orden de reprimir a la protesta pública y eso no se da si no hay una orden de arriba (…) Si no se da una orden la policía no lo hace. No es que la policía se suelta por sí misma, eso viene de arriba. Nos estamos apartando del Estado de Derecho y nos vamos acercando al Estado de la Policía (…)»(Por) esta escalada de represión de la protesta, desgraciadamente no va a tardar mucho en haber un muerto» (Diario Clarín, 15-4-2017)”.

Muertos sociales

“Cabe mencionar que las recientes muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en el marco de la actuación de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval bajo el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación, colocan al presente debate en el centro de la agenda pública”, agregan del observatorio.

En datos concretos, “más de la mitad de los hechos de represión fueron cometidos enfrentando protestas encabezadas por trabajadores -formales e informales- (52%). En segundo lugar, el 24% contra militantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 6% contra pueblos originarios y el 4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad”.

Causas de las protestas

“Las causas que originaron los conflictos que fueron seguidos de represión: el 31,5% de estas protestas responden a los despidos y reclamos salariales, el 18% a reclamos de alimentos y asistencia mediante programas sociales y al derecho a poder trabajar en la vía pública, el 17,1% fueron protestas contra las políticas de ajuste y el reclamo de fuentes de trabajo, el 13,5% se refirió a reclamos contra desalojos y por daños causados por temporales (inundaciones). El 5,4% de los hechos de represión se realizaron contra manifestantes que reclamaban por la libertad de referentes comunitarios, entre ellos Milagro Sala y Facundo Jones Huala”

Mujeres, docentes y obreros

Según el CEPA, Centro de Economía Política Argentina, “se puede decir que 30 personas fueron heridas el 9 de octubre de 2016 en Rosario, en el marco de la marcha de cierre del 31° Encuentro Nacional de Mujeres cuando la Policía Santafesina actuó sobre dicha manifestación. Entre quienes hirió la Policía Federal en conjunto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran 50 personas del 9 de abril de 2017, cuando los docentes trataban de instalar una escuela itinerante frente al Congreso de la Nación. Además, entre las personas heridas por las policías provinciales hay 80 trabajadores del Ingenio Ledesma que fueron reprimidos por la Policía Jujeña el 14 de julio del corriente cuando reclamaban un aumento salarial”.

A modo de síntesis

“El 37,8% de los hechos represivos se realizaron en conflictos socio-laborales de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las provincias del NOA se registraron el 19,8% de los hechos represivos. El 18% se produjo en las provincias de Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos, en las provincias de la Patagonia el 16,2% y, por último, en las provincias del NEA el 4,5%.”