En un clima enrarecido por el insólito número de amenazas de bomba realizados contra distintas instituciones educativas de la ciudad, registrados en las últimas semanas, el fiscal que investiga las causas, Gustavo Ponce Asahad, manifestó, muy enfáticamente, «que se trata de un delito de mucha gravedad y que los responsables que sean individualizados afrontarán el proceso penal pertinente». Además, subrayó que no se descartar ninguna hipótesis y que para todos aquellos procesos que él mismo lleve adelante, solicitará las medidas cautelares que considere correspondientes dado el tipo de delito.
Este miércoles se registraron otras seis amenazas que suman, tan sólo en tres días hábiles, alrededor de 50. En ese contexto, el funcionario judicial remarcó que desde la Fiscalía ya hay alrededor de 20 llamados identificados, y lo que se está haciendo hasta el momento es el rastrillaje para identificar las titularidades. «Por lo que hemos estado investigando hasta ahora, la mayoría de los llamados provienen de números radicados en la ciudad de Rosario, sin perjuicio de lo cual hay algunas cuantas llamadas con característica 011», explicó el fiscal. Y agregó: «Esto puede obedecer a una modalidad particular que obedezca a la producción de la llamada desde una cabina telefónica de Rosario, o bien son números de Buenos Aires».
Intimidación Pública
Ponce Asahad recalcó en varias oportunidades que «no se descarta ninguna hipótesis» y resaltó que «este es un delito de mucha gravedad que estamos ante un delito 
de gravedad, que es el delito de intimidación pública». «Por esta razón, quienes resulten identificados como autores de estas llamadas atravesarán y afrontarán el debido proceso penal. Si se trata de menores de edad, se tramitarán ante el juzgado de menores, si se trata de mayores, el Ministerio Público de la Acusación va a efectuar las imputaciones pertinentes bajo esta figura legal».
En relación a la pena que tiene el delito de intimidación pública, Ponce Asahad explicó que la pena por dicho delito es de 2 a 6 años, y si bien es excarcelable, el fiscal hizo la salvedad de que «más allá del mínimo penal, los fiscales podemos solicitar medidas cautelares» y enfatizó: «Lo que puedo asegurar es que para aquellos casos que yo lleve a imputación ante el Colegio de Jueces, yo particularmente, voy a pedir medida cautelar».
¿Problema generacional?
Puesto a buscar explicaciones y teorías, Ponce Asahad esbozó algunas ideas: «Creo que esto ha atravesado la matriz del efecto espejo, o sea, que se van sucediendo por contagio. Y hoy también leí un artículo muy interesante del Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario que decía que, generacionalmente antes teníamos más cuidado con las adveretencias paternales que con el código penal. Pero creo que esto merece un abordaje interdisciplinario, 
con gran compromiso de la familia y con suma responsabilidad ciudadana».
«La mayoría de las llamadas han sido a establecimientos educativos, señaló el funcionario judicial, con la gravedad que eso conlleva, porque se está activando un protocolo que es de rigor, se ponen los recursos del estado provincial y municipal en cuanto a personal y a recursos dinerarios y estas amenazas, están afectando en este sentido una cifra considerable en términos económicos y creo que también es pertinente la posición del poder ejecutivo municipal y provincial en cuanto a recurrir a la Justicia Civil a efectos de lograr los resarcimientos por parte de padres o tutores en el caso de que los individualizados resultaren ser menores de edad».»Estos hechos trascienden todo límite de broma, atento a que pone en jaque a la seguridad ciudadana, conmociona la ciudad y que genera un caos que afecta a todos los rosarinos», cerró.
