Pese a la merma de la actividad legislativa por las elecciones, el último año de la gestión kirchnerista registró la sanción de leyes de peso, como la reforma del área de Inteligencia y una sucesión de normas relevantes en materia judicial, económica, social y de reparación histórica.

A continuación, las principales leyes sancionadas en 2015:

– Ley de Reforma de los Organismos de Inteligencia. Impulsada por la entonces presidenta Cristina Kirchner tras la muerte del fiscal Nisman y la remoción de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia (SI), la ley se aprobó en febrero, en sesiones extraordinarias del Congreso.Además de transparentar algunos aspectos del trabajo de los agentes, la nueva norma reemplazó a la SI por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), determinó que su director y vice deben tener acuerdo del Senado y dispuso el traspaso del sistema de escuchas telefónicas del Poder Judicial al Ministerio Público Fiscal.

– Interés público de la reactivación de los ferrocarriles. La ley, aprobada en abril con un amplio consenso político, compromete legalmente al Estado en el desarrollo del sistema ferroviario y le devuelve la potestad sobre todas las decisiones referidas al uso de las vías. Además, dispuso la creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos, la cual quedó al frente del proceso de reorganización del sistema ferroviario.

– Indemnización a víctimas del atentado a la AMIA. También en abril, el Congreso aprobó por unanimidad una ley que establece el pago, por única vez, de un beneficio extraordinario a las víctimas y familiares directos de quienes hayan fallecido o sufrido lesiones leves y/o graves en el atentado de 1994.

– Indemnización a exagentes de YPF. Se aprobó el derecho a una indemnización por parte del Estado para 36 mil extrabajadores que se desempeñaron en la petrolera hasta el 1 de enero de 1991 o sus herederos o derechohabientes, que no hubieran sido incluidos en el Programa de Propiedad Participada.

– Implementación del nuevo Código Procesal Penal.  Se trató de un paquete de cinco leyes que permiten la puesta en marcha del nuevo Código, que establece el reemplazo del sistema inquisitorio por el acusatorio, en el que las investigaciones son llevadas a cabo por los fiscales y los jueces se militan a juzgar.

El paquete estuvo compuesto por una ley con modificaciones al Código Penal; reforma del Ministerio Público Fiscal; reforma del Ministerio Público de la Defensa; otra ley de implementación del nuevo Código Procesal, que dispone la puesta en marcha progresiva del nuevo sistema, y una última de reforma del régimen de organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal.

– Ley de Subrograncias. Fue aprobada en junio de 2015 sólo con los votos del kirchnerismo y permitía que el Consejo de la Magistratura, con mayoría absoluta de sus miembros, dispusiera el reemplazo de un juez subrogante por otro magistrado de la lista de conjueces confeccionada por el Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Tras su aprobación, fue aplicada para desplazar al juez Luis María Cabral del cargo de subrogrante en una sala de la Cámara de Casación Penal, justo antes de que el tribunal se pronunciara sobre la constitucionalidad del Memorandum de Entendimiento con Irán.

Poco después, la norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

– Ley de movilidad de las asignaciones familiares. En julio, el Congreso aprobó una norma mediante la cual se estableció un mecanismo de actualización automática para las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, dos veces por año, en un sistema idéntico al que rige para las jubilaciones.

La ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados mientras que en el Senado hubo apenas una abstención al momento de votarla.

– Protección de las acciones del Estado en empresas privadas. La ley impulsada por la expresidenta Cristina Kirchner fue aprobada por el Congreso en septiembre y determinó que la venta de las acciones de empresas privadas en manos del Estado debe ser autorizada por los dos tercios cada cámara del Congreso.

Apunta a las acciones adquiridas por la ANSeS luego de la estatización de las AFJP, entre las que se encuentran empresas como Clarín, Banco Macro, Edenor, Alto Palermo, Siderar, Telecom y Quickfood, entre otras.

– Ley anti-buitres. El kirchnerismo la bautizó extroficialmente de esa forma, en el marco de la disputa judicial que mantiene la Argentina con los llamados «fondos buitre».  Se trata de una ley que ratifica los nueve principios establecidos por la ONU para los procesos de reestructuración de deuda soberana, impulsados a nivel internacional por la gestión de Cristina Kirchner a causa del litigio.

– Fomento de la industria satelital. En octubre, el Congreso aprobó una ley que declaró de interés público el desarrollo de la industria satelital como política de Estado, en la cual también se establece la aprobación del «Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035».

La norma determinó que las acciones y activos estratégicos de la empresa ARSAT sólo puedan venderse con la autorización de los dos tercios de cada cámara del Congreso.