La madre del fiscal Alberto Nisman le pidió a la Justicia que la muerte de su hijo, ocurrida el 18 de enero de 2015, sea considerada un «delito de lesa humanidad».

Así lo planteó la querella representada por Sara Garfunkel, madre de Nisman, al responder una «vista» del juzgado de instrucción a cargo de la jueza Fabi0009940796ana Palmaghini, a partir de un pedido de «nulidad» formulado por la defensa del informático Diego Lagomarsino.

El abogado del ex empleado de Nisman reclamó la nulidad por haberle dado intervención al FBI en un peritaje criminológico en el marco de la investigación, al considerar que hacer participar a un organismo extranjero podría afectar el «plazo razonable» que deben durar las causas.

Ante ello, el abogado Pablo Lanusse, representante de Garfunkel, sostuvo que «resulta inadmisible invocar la supuesta afectación del plazo razonable en beneficio de Diego Lagomarsino, de atender también los derechos inherentes a la víctima así como la trascendencia y gravedad que configura el objeto procesal de los autos principales».

«El suceso investigado constituye un delito de lesa humanidad, por ende imprescriptible, en cuanto se trata del homicidio agravado en un escenario de zona liberada perpetrado contra el fiscal general Natalio Alberto Nisman y consumado a raíz de su rol funcional como titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones del Atentado contra la Amia», añadió el letrado.

Al plantear la muerte de Nisman como delito de lesa humanidad se prevé la imprescriptibilidad de la investigación que permanece en el fuero de instrucción y que ahora definirá la Corte Suprema de Justicia si queda allí o si pasa al federal.

La jueza de instrucción Palmaghini había enviado el caso a la Justicia Federal, al considerar que Nisman murió como consecuencia de su labor al frente de la causa Amia y tras haber denunciado por encubrimiento del atentado a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Pero la Cámara Nacional de Casación Penal remarcó que no había pruebas de ello y dijo que la investigación debía seguir en manos de Palmaghini, decisión que fue apelada y ahora definirá la Corte Suprema de Justicia.