El juez federal Luis Rodríguez tendrá que convalidar el pedido del fiscal Carlos Stornelli para avanzar con “órdenes de presentación” con facultad para convertirse en allanamientos en el Ministerio de Energía.
El pedido forma parte de la batería de medidas de prueba solicitadas por la fiscalía tras la imputación del titular de la cartera energética por “negociaciones incompatibles con la función pública”, además de posible abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Junto con él están imputados Pablo Popik (subsecretario de Refinación y Comercialización) y José Luis Sureda (secretario de Combustibles). La fiscalía solicitó además que se secuestren todas las actuaciones administrativas vinculadas con las resoluciones 28/2016 y 31/2016. Stornelli pidió también todas las actuaciones en las licitaciones que fueron adjudicadas a la petrolera Shell. La denuncia por la que fue imputado el funcionario –que fue respaldado por el presidente Mauricio Macri- pone bajo sospecha el resultado de esas compulsas a raíz de la tenencia en el exterior de $13 millones en acciones clase A pertenecientes a la controlante de la firma angloholandesa. Se investiga si existió una violación a la Ley de ética Pública porque no transcurrieron tres años desde su renuncia al cargo ejecutivo en la empresa.
La imputación señala a Juan José Aranguren por la compra de gas a Chile a través de British Gas, que tendría un precio superior al de los barcos con ese cargamento y al que se pagaba a Bolivia por el mismo insumo.
Barrionuevo no lo quiere
Entre sus detractores, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sumó ayer al sindicalista Luis Barrionuevo, teórica aliado de Mauricio Macri. “El Gobierno ha jugado con fuego. La guasada que ha cometido Aranguren es tremenda. No entiendo cómo todavía no se fue. Fue alevoso”, sostuvo sobre el tarifazo anunciado por el funcionamiento.
El gastronómico que lidera la CGT denominada “Azul y Blanca”, negó estar alineado con el Ejecutivo: “Nunca fui macrista”, dijo en radio Del Plata. Y si bien admitió que las paritarias firmadas este año “perdieron diez puntos” promedio contra la inflación prevista para 2016, pidió darle al Gobierno hasta fin de año como plazo para implementar sus políticas. Reconoció, en tanto, que sólo en Mar del Plata “cerraron 400 negocios gastronómicos en 45 días”.
