Paraguay pidió que el Mercosur que se analice si se rompió el orden democrático en Venezuela

El gobierno de Paraguay anunció hoy que pidió al de Uruguay, que ejerce la presidencia temporal del Mercosur, que convoque a una reunión de cancilleres de los países del bloque para «estudiar la situación» en Venezuela.

El presidente Horacio Cartes ordenó a su diplomacia que solicitara esa reunión a fin de determinar la situación de Venezuela -miembro pleno del bloque- «en el marco del Protocolo de Ushuaia» que prevé sanciones para los socios que registren «ruptura del orden democrático».

«Esa es un decisión ya asumida y la hemos comunicado a la presidencia pro tempore, que ejerce Uruguay», afirmó el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, en conferencia de prensa.

El titular de la diplomacia paraguaya agregó que el caso de Venezuela, donde la oposición afirma que el gobierno le impuso requisitos extraconstitucionales y otras demoras para el trámite de convocatoria a un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, «amerita que el Mercosur tome una visión, una posición».

Asimismo, Loizaga había dicho el martes último que su gobierno no descartaba que se lleven adelante iniciativas regionales en relación con la situación de los derechos humanos en Venezuela.

En el país caribeño hay 96 opositores presos, según la ONG Foro Penal Venezolano, la mayoría de ellos sin sentencia o incluso sin que se haya comenzado a juzgarlos, además de más de otro centenar de procesados o imputados judicialmente, de acuerdo con reiteradas denuncias de la oposición.

Asimismo, rige desde enero de 2015 una resolución que autoriza a las fuerzas armadas al «uso de la fuerza potencialmente mortal» para reprimir protestas y en los últimos meses el gobierno decretó otras restricciones al derecho de manifestación, incluido el estado de excepción (sitio) vigente.

El Protocolo de Ushuaia, suscripto en 1998, establece la posibilidad de que el Mercosur suspenda -solo por consenso de sus integrantes- la membresía de cualquiera de sus socios que incurra en «ruptura del orden democrático».

Hasta ahora se aplicó una sola vez y fue al propio Paraguay, en 2012, después de que el presidente Fernando Lugo fuera destituido en un controvertido juicio político.