Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos repudiaron hoy la «brutal represión» del domingo último contra integrantes de la comunidad indígena Qom por parte de la Policía santafesina en Rosario y exigieron que las máximas autoridades provinciales condenen esos hechos, a los que calificaron como «violencia institucional».
«No podemos tolerar estas prácticas de violencia institucional heredadas de la dictadura (…) exigimos la inmediata separación de sus cargos de todos los involucrados en el hecho» y la «investigación y castigo a todos los culpables», expresó un comunicado que firman cerca de un centenar de organizaciones, divulgado hoy.
Los firmantes señalaron que la «brutal» represión a niños, adolescentes y adultos de la comunidad Qom de Rouillón y Maradona, en el oeste rosarino, fue «desplegada por agentes de la Policía de Santa Fe» sin orden judicial y «puso en riesgo la vida e integridad de los vecinos y vecinas del barrio».
«Entre otros hechos aberrantes cometidos por la fuerza de seguridad provincial, se cuenta la desaparición y golpiza que sufriera un niño, quien luego fue hallado en muy mal estado en un descampado», puntualizaron.
Entre cerca de un centenar de organismos firmantes, figuran Familiares de Desaparecidos y Detenidos Políticos Rosario, Multisectorial contra la Violencia Institucional, Espacio Juicio y Castigo, Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, Madres de Plaza 25 de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo (Filial Rosario), APDH Rosario, Sindicato de Prensa Rosario y diversas agrupaciones políticas peronistas y de izquierda.
Los denunciantes afirmaron que «estos procedimientos prepotentes y abusivos son moneda corriente en el barrio» y repudiaron «enérgicamente las declaraciones justificando la represión salvaje realizadas por el ministro de Seguridad (Provincial), Maximiliano Pullaro».
También apuntaron a policías de los tribunales provinciales «que, ante la presentación de hábeas corpus por parte de los allegados a las víctimas, se negaron a recibirlos y a brindar la información sobre el juzgado en turno».
En este marco, reclamaron «la condena de esta práctica por parte de la máxima dirigencia del Estado, empezando por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz y la intendenta de Rosario, Mónica Fein».
Hay miembros de la comunidad qom heridos tras represión policial en Rosario
