Por Alejandro Maidana

Lucas Figueroa nació el 9 de octubre de 1998. Con 18 años recién cumplidos, falleció el 20 de junio en el Sanatorio Psiquiátrico Neuropático, institución privada ubicada en San Martin 5800 de la ciudad de Rosario.

El joven ingresó a la clínica en el marco de una Medida Excepcional de Derechos, articulada por la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia, la que contó con la intervención de la Dirección Provincial de Salud Mental.

La muerte de Lucas se dio en el transcurso de esta intervención, una situación de gravedad absoluta, puesto que el adolescente murió en condiciones poco claras, en el marco de una internación compulsiva.

Es necesario y urgente pensar y demandar la creación de instituciones que puedan abordar las problemáticas de la niñez; el Estado no puede seguir dependiendo de acuerdos con el  sector privado para tratar problemáticas derivadas de la salud mental y adicciones. Una moneda en el aire que suele caer siempre del lado de su peor cara, sentenciando a nuestros jóvenes a repetir sus tristes destinos.

Este hecho vuelve a interpelar a la sociedad en su conjunto ¿Quién vela por los derechos de los más vulnerables? ¿Al Estado no le interesa el bienestar y recupero de los niños y adolescentes? Preguntas que podrían tener una respuesta segura que indudablemente abrazaría una realidad demoledora.

Conclusión dialogó con uno de los Acompañantes Personalizados de Niñez para conocer detalles sobre la lucha que se está dando en dicha área. “Este intento de visibilización de una problemática más que álgida, nace en el año 2016 en el marco de una detención violenta de dos menores que se da en la puerta de la Dirección de Niñez. Ese día dos chicos con los cuales trabajábamos fueron detenidos sin causa alguna, debido a esa arbitrariedad intervenimos los trabajadores para frenar ese accionar, y lo que recibimos como respuesta fue una brutal agresión”.

Empujados por este suceso bochornoso y repudiable, se originó un acampe frente a la dirección que llevó como nombre “Acampe contra la violencia, desidia y precarización del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia”.

Al respecto, el trabajador dijo que “durante ese proceso lo que nosotros fuimos demandando fue básicamente alojamientos públicos para los pibes y las pibas, regularización de los AP (Acompañantes Personalizados) con el pase a planta, que se conforme un equipo especializado en violencia de género transversal a todos los otros equipos. A todo esto le sumamos una lucha que fue la declaración de emergencia en niñez y juventud que lo hicimos con un grupo de concejalas. Cabe destacar que lamentablemente la declaración no se terminó dando. Esta lucha produjo la renuncia de Alicia Giménez, directora hasta esa momento de Niñez,  que corrieran de su cargo a Horacio Coutaz subsecretario y que se gestara un paro histórico de 9 días”.

La política de encierro y manicomialización se profundiza a pasos agigantados, un nuevo látigo que azota el lomo de los que vienen siendo vulnerados en sus derechos desde el nacimiento mismo. Las clínicas privadas están en el ojo de una nueva tormenta, sobre esto argumentó el hombre: “A los pibes se los manda a clínicas privadas, inclusive fuera de la provincia, las prácticas dentro de las mismas son repudiables. Tenemos que hablar no sólo de encierro, también la sobremedicación y los golpes son los métodos que utilizan estas instituciones.

«En un marco de denuncias previas, muere Lucas Figueroa en el neuropático, su rápida cremación hizo imposible acceder a una autopsia esclarecedora. Cabe destacar que La Ley Nacional N° 26.657 de Salud Mental establece que toda muerte que se dé en este tipo de establecimientos son dudosas, por ende se debería investigar en profundidad, cosa que no pasó. Esto es alarmante, ya que ni la Dirección de Niñez y de Salud Mental se hicieron cargo”, continuó.

Los pibes, aquellos que nacen y deben desenvolverse en un marco de vulnerabilidad notable vuelven a estar en el eje de un debate que se sigue dando en voz baja. Cada uno con su pesada historia, todos tratando de recibir esa contención que el Estado prefiere obviar.

El secretario adjunto de Amsafe Rosario y docente Luciano Cáceres  también brindó su opinión sobre una realidad que preocupa: “Entendemos como gremio que la lucha que se está llevando a cabo en pos de la salud y el futuro de los chicos nos toca a todos muy de cerca. Los mismos llegan a ese estadio debido a que la escuela no pudo brindarle la contención necesaria para acompañarlos en su formación como persona. El no poder contar con equipos socioeducativos tan necesarios pero insuficientes, en la actualidad hay docentes que sostienen importantes talleres con dinero de su bolsillo. En un marco prácticamente de abandono, debemos sumarle la precarización laboral de los trabajadores que llevan adelante la dura tarea de ser acompañantes.”

La educación posee armas obsoletas, algo que con el paso del tiempo no se ha podido adaptar a un contexto cada día más espinoso. Cáceres también hizo referencia al rol del Estado y a la necesidad de políticas públicas. “El Estado, apoyado en los diferentes gobiernos capitalistas le veda a los más jóvenes, toda posibilidad de desarrollo, a someterlos a la desocupación, a ser carne de cañón de la droga o del narcotráfico, a ser víctima del gatillo fácil en los barrios. Y justamente cuando necesitan del auxilio de las instituciones sólo encuentran en las mismas encierro, hostigamiento, maltrato, como si ellos fueran los culpables de cargar con esa situación en sus vidas”, indicó.

“Como  gremio hemos llevado más de 500 delegados al Ministerio de Educación llevando entre muchos requerimientos el de los equipos socioeducativos. Es una necesidad imperiosa abrir el abanico para abordar todas las necesidades de nuestros jóvenes”, concluyó.