El rosarino Lionel Messi, juzgado a partir del martes en España por presunto fraude fiscal, habría asegurado ante el juez de instrucción que nunca mira los contratos que firma, según la declaración publicada este lunes por los medios españoles. El crack de Barcelona deja hoy la ciudad, donde llegó el pasado sábado por la tarde tras arribar procedente de San Juan, donde se lesionó jugando con el seleccionado argentino en un amistoso frente a Honduras.

«Firmé las cosas, pero nunca miro los contratos. No sé lo que firmo», habría declarado el futbolista en septiembre de 2013 ante la jueza española que instruyó la querella contra él y su padre, Jorge Horacio, por un presunto fraude de 4,16 millones de euros, según publicó «El Periódico de Cataluña».

Según la información revelada por este diario de Barcelona, la jueza mostró varios contratos de patrocinio firmados por Messi que éste no consiguió recordar.

«Nunca miré el tema del dinero. Es algo que maneja mi papá. Y confío en él. Yo me dedico a jugar a fútbol», respondió Messi.

Él y su padre están acusados de haber organizado una red de empresas pantallas en Belice y Uruguay, considerados paraísos fiscales en esa época, para esconder ingresos derivados de los derechos de imagen del futbolista entre 2007 y 2009.

El juicio contra ellos empezará este martes en la Audiencia de Barcelona y se alargará hasta el 2 de junio, cuando está prevista la declaración de los dos acusados. Como se reclama una pena inferior a dos años de cárcel, sólo están obligados a comparecer el día de su declaración.

Como ya hicieron en 2013, los Messi pretenden desvincular al quíntuple ganador del Balón de Oro de la gestión de sus ingresos y cargar la responsabilidad en su padre.

La fiscalía dio por buena esta versión y reclamó el sobreseimiento de la causa contra el jugador pero la abogacía del Estado, representante de la Hacienda española, decidió mantener la acusación.

De ser declarados culpables, la abogacía del Estado reclama para Messi y su padre una multa equivalente a la cantidad defraudada y 22 meses y medio de prisión que, al no tener antecedentes judiciales en principio no tendrían que cumplir según el código penal español.