La decisión de cuatro gobernadores opositores electos de subordinarse a la Asamblea Constituyente oficialista desató una tormenta en la oposición que afianza al gobierno de Nicolás Maduro de cara a las próximas elecciones municipales y presidenciales.
Fracturada y acorralada por el gobierno tras los comicios del 15 de octubre, cuando el oficialismo ganó 18 de 23 gobernaciones, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debate lo que hará con los cuatro, de sus cinco gobernadores electos, que se salieron de línea.
«En nuestros estados hay muchas familias en miseria. Estamos asumiendo el costo político para defender el voto de nuestros electores», justificó la gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, este martes en una rueda de prensa celebrada en un hotel pues el Parlamento, controlado por la MUD, les prohibió usar su sede.
La MUD aseguró reiteradamente que no cedería al chantaje» del gobierno de obligarlos a subordinar a sus gobernadores a la Asamblea Constituyente, una instancia que considera «fraudulenta» e «ilegal», y desconocida por una docena de gobiernos latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Pero el lunes lo hicieron sorpresivamente los mandatarios electos de Táchira (oeste), Anzoátegui (noreste), Mérida (oeste) y Nueva Esparta (norte).
Sólo el gobernador electo en Zulia (noroeste), Juan Pablo Guanipa, no se subordinó, ante lo que la Constituyente, que lo considera en «desacato», decidirá en breve su futuro. «Es el escenario perfecto para el chavismo, le permite avanzar en su estrategia de lograr una legitimidad paulatina de la Constituyente; mientras a la oposición se le notan excesivamente sus costuras», aseguró el experto electoral Eugenio Martínez.
Maduro, que había amenazado con destituir a los cinco gobernadores opositores, celebró la juramentación como un reconocimiento a los «poderes plenipotenciarios» de la Constituyente, que rige con poderes absolutos desde agosto, hasta 2019.
