Luego de que la Policía reprimiera anoche a los docentes nucleados en Ctera que intentaron instalar una carpa «itinerante» frente al Congreso, varios gremios rosarinos y del cordón industrial salieron a expresar su repudio al igual que lo hicieron distintas personalidades políticas a nivel nacional.

Rechazo local

El Movimiento Sindical Rosarino (MSR) expresó en un comunicado que rechaza «la violenta represión de la Policía Federal y Metropolitana a docentes que estaban ejerciendo de manera pacífica y democrática su derecho de protesta ante el avasallamiento de sus derechos, en especial, la no convocatoria a paritarias. La represión es la respuesta a los reclamos que tiene el modelo de ajuste que impone el gobierno nacional. Exigimos el fin de la represión y la inmediata liberación de los trabajadores docentes detenidos».

Desde Coad -universitarios- también repudiaron el accionar del gobierno y  exigieron «la inmediata liberación de los compañeros detenidos. La Policía Federal irrumpió por las fuerzas impidiendo que los docentes pudieran instalar la estructura de la carpa y llevando detenidos a cuatro de ellos. Exigimos inmediata liberación e inmediata convocatoria a paritaria nacional».

Asimismo desde la CGT San Lorenzo manifestaron que «los docentes hace tiempo vienen exigiendo convocatoria nacional a paritarias, no son escuchados y responden con represión. Exigimos fin represión e inmediata liberación de docentes detenidos».

Por su parte, el Sindicato de Prensa Rosario considera «inadmisible» la represión frente y señala que «una manifestación pacífica de Ctera como es una escuela itinerante merece el rechazo colectivo de nuestra sociedad. El presidente Mauricio Macri y sus funcionarios deben dar respuesta a este avasallamiento de derechos reconocidos por la Constitución de la Nación como es el de reclamar, decretar paros u otras medidas de fuerza que nos asisten a los trabajadores».

«Exigimos la inmediata liberación de los maestros detenidos, el cese de la persecución sindical, la represión de la protesta social. El gremio de Prensa Rosario expresa toda su solidaridad con las compañeras y los compañeros de Ctera frente a este accionar desconocido desde el retorno de la democracia y reiteramos nuestro activo acompañamiento a la justa lucha de los maestros por el cumplimiento de la ley de paritaria docente nacional».

También el diputado provincial Palo Oliver se mostró en contra de lo sucedido a los docentes y al respecto, dejó en claro que “no se transgredió ninguna norma ni se lesionó ningún interés en el marco del ejercicio del derecho que tienen los trabajadores del país, de manifestarse libremente. El lugar donde se pretendía instalar la Escuela Itinerante es un espacio público, que es precisamente el que se ocupa para ejercer el derecho constitucional a expresarse. No se coartó la libertad de tránsito de nadie y los docentes se encontraban a cara descubierta. No existe posibilidad de excusa alguna”.

A partir de su condición de militante radical, el diputado provincial adelantó que va a realizar un pedido “a las autoridades partidarias, para que exijan al Presidente Macri el inmediato cese de este tipo de directivas que vulneran los derechos constitucionales más elementales. La esencia del radicalismo ha sido siempre el respeto a las instituciones, el apego a la ley y la defensa de la democracia como forma de vida y esto claramente no tiene nada que ver con nuestra forma de entender la política”.

Rechazo nacional

La Confederación General del Trabajo (CGT), en un comunicado suscripto por su secretario de Prensa, Jorge Sola, «se solidariza en forma unívoca con los docentes de Ctera ante la represión policial de la que fueran objeto» ayer.

El texto destaca además que «el ataque a la pacífica protesta social deja en evidencia hacia dónde se dirige la política de control de la protesta social en la Argentina».

«Repudiamos con el mayor énfasis posible este gesto de intolerancia hacia un sector importantísimo de los trabajadores en la Argentina. Lo ocurrido no hace más que demostrar cuál será el camino hacia quienes reclamen por sus derechos», señala el comunicado .

La CGT sostuvo además que «un gobierno nacional que debiera enfocar sus energías en cumplir con el fallo de la Justicia laboral que obliga al ministro de Educación a llamar a paritarias nacionales, utiliza la coacción para tratar de sofocar el grito de los trabajadores de la educación».

«Quieren demostrar con ello que sucederá lo mismo con quien se oponga a sus objetivos. Hoy docentes somos todos», concluye el texto cegetista.

Otros que se unieron al repudio fueron los Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) quienes advirtieron que «la violencia institucional es de absoluta gravedad para la República, toda vez, que es el propio Estado quien habilita el uso de la fuerza como medio idóneo».

«La represión es consecuencia de la falta de diálogo como mecanismo de abordaje de los conflictos, y en ese sentido, es que los Defensores del Pueblo manifestamos nuestro contundente repudio a la represión padecida por los docentes», cierra el comunicado.

En tanto el diputado nacional Sergio Massa aseguró hoy que «la educación no es un botín de guerra político» y pidió «bajar la violencia y buscar el diálogo verdadero» entre el Gobierno y los docentes «en una mesa» que debe «empezar ya» en «el Congreso, donde se encuentran todas las visiones e ideas de la Argentina», e instó al Ejecutivo a «dejar de hacer política con el conflicto».

En un texto publicado en su perfil de Facebook, el líder del Frente Renovador señaló que «un país no puede avanzar así. Vemos un espectáculo patético, mientras la sociedad mira triste, atónita, cansada de escuchar agresiones, denuncias, descalificaciones y peleas».

«No podemos seguir dándole a los más chicos el mensaje de que su futuro se resuelve con marchas y contramarchas, escupitajos, trompadas, piquetes y paros. No podemos seguir con los alumnos y las escuelas rehenes de una pelea de facciones políticas que buscan mostrar quién es más poderoso», agregó.

Para Massa, «es tiempo de bajar la violencia y buscar el diálogo verdadero» entre «Gobierno, sindicatos, oposición, empresas y padres, y ponerse a construir la educación del siglo 21».

Defensa nacional

La subsecretaria de Uso del Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, aseguró que los docentes que ayer armaban una estructura para la instalación de una carpa frente al Congreso «no tenían permiso», y que, ante esa situación, sus inspectores dieron aviso a la policía como parte de «un procedimiento normal».

«Yo no hago una lectura política del tema; ni usted, ni la gente del piso, ni yo ni mi hermana podemos armar una estructura en un espacio público sin permiso. Por la seguridad de todos se da aviso a la policía y, si no tiene permiso, se solicita que cese el armado«, dijo Muzzio a radio La Red al ser consultada sobre lo ocurrido anoche en la Plaza de los dos Congresos.

Agregó que la función de su subsecretaría es «resguardar el espacio público y la seguridad de todos, incluso los que participan del armado», y que el resto de lo que sucedió tiene que ver «con el accionar de la policía».

«Nuestros inspectores solicitaron el permiso para el uso del espacio público, ellos dijeron que lo tenían, esperamos y como luego de dos horas ese permiso nunca apareció, se labraron las actas correspondientes y se le dio aviso a la policía respecto a esta situación», relató.

Muzzio explicó que «lo que ellos (los docentes) tenían era una nota con fecha 7 de abril en la que se informaba sobre la realización de un acto», algo que, dijo, es «distinto a un permiso de uso que tiene diferentes requisitos, como por ejemplo presentarlo 20 días antes del evento ante la Dirección de ordenamiento de Espacio Público» y que, entre otras razones, tiene que ver con la necesidad de «resguardar la seguridad física, incluso de los que están armando la estructura».

Entre otros requisitos aludió a la necesidad de que la estructura sea analizada por expertos y que el lugar tenga un seguro.

Según señaló Muzzio, el forcejeo con la policía se dio porque «no cesaban en el armado», pese al pedido de las fuerzas de seguridad que los instaba a «realizar el desarme».

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