La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó hoy firme la medida judicial de primera instancia que había ordenado la suspensión de Ricardo Echegaray al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN), que sigue funcionando «como cuerpo colegiado» a la espera del avance de causas judiciales en contra del ex funcionario kirchnerista y de que el PJ decida un reemplazante.

La medida cautelar que efectuó la suspensión de Echegaray había sido concretada el 3 de junio pasado ante un recurso interpuesto por los diputados de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernando Sánchez, que consideraban que el funcionario no reunía las condiciones de idoneidad moral para ejercer el cargo por la acumulación de causas penales en su contra.

De esta manera, la jueza Claudia Rodríguez dejó sin efecto la apelación de la defensa de Echegaray, lo que este lunes fue confirmado por la Cámara y complicó aún más la situación del ex jefe de la AFIP al frente de este organismo de control, dependiente del Congreso.

«Nosotros estamos funcionando perfectamente, somos seis auditores en funciones y estamos cada uno ejerciendo nuestra tarea, por ser un cuerpo colegiado», afirmó a NA el auditor en representación del Senado por la UCR, Alejandro Nieva.

El auditor radical subrayó que Echegaray «no sólo está suspendido, sino que los presidentes de las cámaras», Gabriela Michetti, del Senado, y Emilio Monzó, de Diputados, lo removieron de su cargo».

«Echegaray es presidente, pero al ser un órgano tenemos procedimientos de sustitición. En este caso, el reemplazante interino, por ser el auditor más antiguo y del mismo partido del auditor general suspendido, el PJ, es Javier Fernández», resaltó Nieva en diálogo con esta agencia.

Sin Echegaray, la AGN funciona con tres auditores por el Senado, el radical Nieva y los peronistas Fernández y Vilma Castillo, y tres por Diputados, el radical Jesús Rodríguez, el massista Gabriela Mihura y el peronista Juan Ignacio Forlón.

«Nosotros seguimos funcionando, porque la resolución del problema no está en nuestras manos, está en el PJ, que tiene que reemplazar a Echegaray, llegado el caso», dijo Nieva.

Fuentes partidarias señalaron a NA que en el PJ ya dan por ido a Echegaray del cargo, debido a las causas judiciales en que se encuentra involucrado, y señalaron al menos tres posibles reemplazantes: el ex gobernador jujeño Eduardo Fellner, el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez y el ex auditor de la AGN Oscar Lamberto.

Un día antes de la decisión de la jueza Rodríguez, Echegaray quedó procesado a instancias del juez Claudio Bonadio por los supuestos delitos de violación de secretos y falso testimonio en contra el actual ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, quien había iniciado la demanda contra el entonces titular de AFIP.

A fines de 2014, Echegaray había acusado a Prat Gay de ser apoderado de una cuenta no declarada de la familia Fortabat en Suiza, cuando salió a la luz el escándalo por las 4040 cuentas de argentinos en el exterior no blanqueadas a la AFIP.

Pese al procesamiento por falso testimonio contra Echegaray, Hernán Arbizu, un ex empleado de JP Morgan, se presentó en la Justicia de Nueva York en las últimas horas y relató los mecanismos de fuga de divisas que involucran a distintos bancos y en ese contexto mencionó a Prat Gay, otro ex ejecutivo del mismo banco, como uno de los profesionales que asistía a los grupos que intentaban fugar dinero del país.

Según Arbizu, que se encuentra detenido, Prat Gay «sabía y conocía» los dispositivos creados para desarrollar terminales por fuera de la ley que pudieran triangular el dinero negro entre

Buenos Aires, Suiza y los Estados Unidos y afirmó que puede «nombrar al menos diez banqueros con los que trataba Prat Gay para sacar la plata del país».

Echegaray también se encuentra imputado por el presunto blindaje de la AFIP al empresario Lázaro Báez, y en otra causa que investiga la evasión de 8 mil millones de pesos del impuesto sobre los combustibles líquidos por parte del Grupo Indalo de Cristobal López.

A su vez, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió su indagatoria en el marco de la causa que investiga la apropiación de la imprenta calcográfica Ciccone.