Por Andrea San Esteban
Naciones Unidas reconoce la importancia de la infancia e incluyó el desarrollo temprano en los objetivos de desarrollo sostenible hasta 2030. En la misma línea, el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) busca reforzar el compromiso con la infancia a nivel global, también en Argentina. El objetivo es que cada niño tenga el mejor comienzo.
Detrás de un menor que delinque hay un mayor que lo incentiva, incluso en Argentina.
Según declaraciones de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, «nos cansan repitiendo desde los medios hegemónicos con afirmaciones como que, en Argentina, ser menor de 16 años es tener licencia para matar. Silencian que, con las actuales leyes vigentes, ningún pibe, culpable o inocente, es impune si es pobre”.
Menores
“Si tiene más de 16 años, va a juicio como cualquiera, sólo que lo juzga un tribunal que tiene un cartelito en la puerta que dice “Menores”, y agregan “si tiene 13, 14 o 15 años, es todavía peor” aseveran. “Es cierto que no se lo juzga ni se le aplica una pena, porque es “inimputable”, pero el juez tiene la potestad de decidir que debe ser internado en algún instituto, o, si tiene suerte, es adicto y hay cupo, en alguna comunidad terapéutica. En uno u otro caso, en algún momento va a salir, abusado, violado, embrutecido, mucho más adicto de lo que entró, y listo para que lo fusile el primer policía con el que se cruce en el barrio”.
Tiene razón, pero marche preso
“De acuerdo al Régimen Penal de la Minoridad vigente desde el año 1980, entre los 16 y los 18 años de edad los adolescentes son punibles penalmente y tienen menos garantías procesales que los adultos. Esta situación presenta grandes diferencias de una provincia a otra, que elaboran sus propios regímenes procesales penales con fuertes diferencias en el tratamiento de un mismo delito según el organismo interviniente”. Todo esto según los datos del relevamiento nacional sobre adolescentes en conflicto con la ley penal, año 2015.
Florence Bauer, representante del fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Argentina, aporta: “La ausencia de una ley marco nacional favorece estas discrepancias entre provincias. En el caso de los adolescentes menores de 16 años, aunque la ley vigente establece que no deben ser penados, en algunas jurisdicciones existe la posibilidad de que el juez dicte medidas de privación de su libertad, contraviniendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
La ley de la Dictadura
Contundente desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional dicen que «hay un vacío legal”, que hay que instaurar a nivel nacional un régimen penal juvenil, con el argumento de que ser juzgado da a los pibes el derecho a defenderse. De nuevo, es cierto que la ley nacional que rige el procedimiento penal de chicos menores de edad es de 1980, pero la implementación, en muchas provincias y países limítrofes, de sistemas de responsabilidad penal juvenil no han modificado la vulnerabilidad y la injusticia que padecen los hijos de los pobres”.
Por último, dicen de la Coordinadora que “imputables o inimputables, hoy las cárceles de niños están llenas, y ninguno es el hijo de un empresario, un político o un funcionario. Esos, cuando cometen un delito, son tan impunes como sus padres”.
