La Daia acompañó ésta semana ante la Justicia el poder de representación por el cual intenta actuar como acusador privado en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Kirchner por el encubrimiento del atentado a la Amia.
Junto al poder, la institución judía presentó un amplio escrito en el que reclamó que la Sala abra la causa y ordene las medidas de prueba que nunca se hicieron pues nunca existió una apertura formal de la investigación: todo queda en manos de los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes decidirán tras una audiencia que convocaron para el próximo 19 de diciembre.
Incluso la Daia, quien sólo actúa como pretenso querellante, ya hizo la reserva para que en caso de no ser abierta la causa, todo sea analizado por la Corte Suprema de Justicia.
Los jueces de la Sala I cuentan por el momento con la postura del fiscal Javier De Luca, fiscal ante Casación, quien dijo que no existió delito en torno a la firma del Memorándum con Irán por el caso Amia y pidió archivar la causa; y ahora con lo establecido por la Daia como pretensa querellante.
El abogado Santiago Kaplun, abogado representante de la Daia, fue el encargado de firmar el escrito junto al poder para litigar en el expediente.
En ese sentido, expuso que el Consejo Directivo de la Daia aprobó la representación como acusador privado en esta causa en el mes de mayo y luego lo reiteró en junio, más allá de que nunca había presentado el poder hasta esta semana.
La entidad asegura que no pretende ya una condena o que se cite a los denunciados, sino que se realicen medidas para confirmar o no la hipótesis sostenida por Nisman al hacer la denuncia cuatro días antes de aparecer sin vida: si existió un plan delictivo en la firma del convenio con Irán para intentar desvincular a los funcionarios de ese país sospechados de volar la Amia.
En ese sentido, la Daia pidió que se realice un entrecruzamiento de llamados entre todos los acusados, entre ellos el ex canciller Héctor Timerman y el piquetero Luis D´Elía, así como el entonces diputado Andrés Larroque y Jorge Khalil, este último presunto referente de la comunidad iraní en la Argentina.
También la Daia reclamó que se observen los movimientos migratorios de los acusados, «para conocer los viajes y analizar su posible participación en la negociación del Memorándum», sobre todo de aquellos que no pudieron tener un rol funcional ya que no ocupaban cargo alguno.
En ese sentido, la Daia le apuntó a D´Elía y reclamó que la Jefatura de Gabinete informe si aquel tenía algún rol en el Poder Ejecutivo y en especial en lo que implicó la firma del Memorándum.
Por último, solicitó que se disponga el allanamiento de la Cancillería y de los domicilios particulares de los denunciados para intentar acceder a documentación vinculada la firma del Memorándum.
La Daia le pidió a los jueces de la Sala IV que aparten a los jueces que han intervenido y que hasta el momento rechazaron la denuncia, y que se hagan las medidas de prueba solicitadas por Nisman al presentar la denuncia aquel 14 de enero de 2015.
Hasta el momento, en dos ocasiones, el juez de primera instancia Daniel Rafecas y los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero han dicho que no hubo delito y no permitieron abrir la causa: ahora por primera vez definirá Casación.
