Tres fueron los puntos claves que se trataron durante los alegatos en la segunda jornada de uno de los juicios más emblemáticos que se hayan realizado en la Justicia santafesina: la causa 912/13.
El primero de ellos son las objeciones a la figura de asociación ilícita, el segundo, las críticas a la Fiscalía por un pedido anticipado de penas que fue tachado de «desmesurado e injustificado», entre otras calificaciones, y que que no se condicen con las propuestas en aquel fracasado juicio abreviado del año 2014. Y por sobre todo, el tercero de ellos se refiere, particularmente, a la instrucción de la causa en manos del cuestionado juez Juan Carlos Vienna.
En un día bastante más tranquilo que el vivido en la primera audiencia del pasado martes, y signado por la oratoria de los defensores que desarrollaron los alegatos de apertura, luego de que la Fiscalía hiciera lo propio durante el día de ayer, el magistrado que instruyó la causa desde sus orígenes fue el blanco casi absoluto de las alusiones a la nulidad por un proceso que habría estado viciado desde el principio.
De igual forma, una y otra vez se aludió a las injerencias del Poder Politico sobre la misma, así como la necesidad de crear un enemigo público que aplacara las críticas que se multiplicaban contra el gobierno provincial por su inacción contra la creciente violencia urbana que se venía sufriendo en la ciudad, y las repetidas acusaciones de complicidad contra el narcotráfico que se replicaban sin cesar en todos los medios de comunicación del país.
Sobre estos puntos versaron la mayoría de los alegatos de los defensores de los 25 imputados, además de que en cada caso en particular, los defensores se explayaron en sus agravios, imputado por imputado, con los detalles de cada uno.
En su gran mayoría, coincidiendo en que la tipificación penal del delito de asociación ilícita no tiene los elementos para encuadrarse en el artículo 210 del Código Penal y en ir las penas pedidas no fueron fundamentadas como corresponde y son desmesuradas.
En varios asuntos, los defensores pidieron lisa y llanamente la absolución como en los casos de Lorena Verdún, Francisco Lapiana, Agustín Ruiz, Silvana Gorosito, Ángel Avaca, Eduardo Enriquez, Roberto Otaduy y Gustavo Pereyra, entre otros.
La teoría del fraude a la imparcialidades y el huevo de la serpiente
«La familia Cantero fue elegida como un enemigo público y estigmatizada de esa forma por los medios de comunicación y por el poder político», disparó Fausto Yrure, integrante del equipo de la defensa de Ramón Machuca y Ariel Máximo Cantero, padre e hijo, junto a Carlos Varela y a Carlos Edwards.
En su alegato, tanto en el general, como en los particulares, Yrure cargó contra el poder político y contra el juez Vienna. El letrado enfatizó que para la defensa, la teoría sería la del «fraude a la imparcialidad».
Esa teoría se funda en que el juez, el único juez que instruyó toda la causa Juan Carlos Vienna, estuvo a cargo de la totalidad de la investigación, allanamientos, escuchas, prisiones preventivas y órdenes de arresto. Sin embargo, toda esa insturcción estuvo viciada desde los orígenes.
Por su parte, Carlos Edwards contextualizó lo que llamo una «caza de brujas» en aquellos turbulentos años en los que el jefe de la policía santafesina, Hugo Tognolli, se vio envuelto en centenares de acusaciones junto a funcionarios provinciales y nacionales bajo la calificación de «narcosocialismo» que el diputado nacional Andres Larroque le endilgó al gobierno provincial.
Allí fue que dicha calificación ocasionó que el entonces gobernador Antonio Bonfatti acusara al gobierno nacional de «armar la causa en su contra».
«Sin duda, la causa instruida por Vienna se convirtió en la respuesta política a las acusaciones contra las autoridades de su falta de acción para combatir la violencia ciudadana», enfatizó Edwards, cuando recordó que ese fue el escenario en el que Vienna inició la investigación por el homicidio de Martín Paz y que en un giro «mágico» de la causa, esa investigación por homicidio se convirtió, a partir de una extraña investigación de la División Judiciales de la policía de Sante Fe que atribuía a Machuca ese homicidio, en una investigación sobre una banda de sicarios que no le correspondía ni por turno, ni por competencia.
Pero además, era una causa que hacia 8 meses que estaba en curso y que nunca había relacionado a la familia Cantero con ese hecho.
En tan sólo unas horas viró totalmente y sin investigación previa ni fundamentos contundentes, se emitieron órdenes para intervenciones telefónicas, entre ellas la de Ramon «Monchi» Cantero.
«La muerte de Paz es el huevo de la serpiente», dijeron los abogados, y el comienzo de una investigación que a todas luces, en una verdadera «metamorfosis jurídica», derivó en un accionar ilegal como fueron las escuchas telefónicas, ameritan la absoluta nulidad de la misma porque toda la causa se cimenta en esas escuchas ilegales.
La otra pata de la imparcialidad del juez Vienna, señaló Edwards, es la relación del magistrado con el padre de la víctima de ese homicidio, Luis Paz. con quien sostuvo que «está probado que compartieron dos viajes a Estados Unidos entre abril y diciembre de 2013.
Apenas 11 días después del regreso de ese primer viaje, se produjo el homicidio de Claudio Ariel Cantero y coincide también que cinco días después del regreso, Vienna ordeno múltiples medidas y allanamientos contra la familia Cantero.
De un momento a otro, Claudio Cantero que según constaba en el expediente, había estado presente en el lugar en que Paz fue asesinado junto a su mujer y hermana de Martín, Mercedes Paz, y que ofició de testigo de la actuación policial, se convirtió en el responsable de un homicidio por el que nunca había sido investigado, él y toda su familia.
Incongruencias
De incongruentes acusaron los defensores a los fiscales, a uno de ellos en particular, Fernandez Bussy, cuando se refirieron al juicio abreviado del 2014, en el que por ejemplo «Monchi» Cantero iba a recibir 7 años, a quien ahora se le pidió 41 años de prisión.
Por otro lado, señaló Carlos Varela, que para Ariel Máximo Cantero (padre) se había pensado en la absolución en ese mismo proceso y ahora le piden 24 años como jefe de la organización.
De igual forma, todos los defensores coincidieron en las múltiples injerencias del poder político en la causa, que pareciera haberse instruido a la medida de un gobierno que en ese momento, necesitaba dar una demostración de fuerza.
Asimismo, aprovecharon para criticar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein y al ministro de seguridad, Maximiliano Pullaro por sus declaraciones, recordando la debida independencia del Poder Judicial del Poder Político.
