Con Marco Ruben ya en Rosario, el volante de Godoy Cruz José Luis Fernández puede convertirse en el segundo refuerzo de Rosario Central en las próximas horas, ya que los dirigentes aceleran las negociaciones tanto con el Tomba mendocino como con Benfica de Portugal, dueños a partes iguales del pase del jugador.
De esta forma otro de los nombres apuntados por el entrenador Eduardo Coudet podría convertirse en jugador de Central antes del comienzo de la pretemporada, pactado para el 5 de enero.
Siguen negociando con Caranta y Donatti
Otro de los pedidos que hizo el Chacho a los dirigentes fue que garantizaran la continuidad de Mauricio Caranta y Alejandro Donatti. Las negociaciones con ambos todavía no han avanzado hasta el punto de llegar a un acuerdo; con Caranta las tratativas van encaminadas a extender el contrato del arquero que vence en junio de 2015 hasta diciembre de 2016, mientras que con Donatti hace falta acordar la forma de pago por el 50% del pase que está en poder del futbolista.
Los que no siguen
Si bien todavía no hay confirmación de quienes dejarán Arroyito, ya arregló su salida el lateral izquierdo Rafael Delgado. Mientras, quienes no serían tenidos en cuenta por el entrenador son Antonio Medina, cerca de Gimnasia, y Hernán Encina, pretendido por Olimpo y Aldosivi, aunque en el caso del Sapo antes de salir quiere cobrar lo que le adeudan.
Irregularidades en el clásico
El club anunció en su página oficial que realizarán la denuncia en relación a las irregularidades detectadas en la venta de entradas en las boleterías previo al clásico disputado el 19 de octubre pasado, luego de una detallada investigación interna para esclarecer lo sucedido, se ha identificado debidamente a los responsables, habiendo la comisión directiva adoptado de inmediato las medidas de despido y suspensión laborales con causa, correspondientes y proporcionales a los hechos comprobados.
Hacemos saber también que dicha investigación y sus elementos de prueba se encuentran a disposición del Ministerio Público de la Acusación para determinar las posibles sanciones penales que por las circunstancias referidas y sus derivaciones procedan, a cuyo fin la institución prestará la más amplia colaboración a las autoridades judiciales.
