Por Florencia Vizzi

Para quienes trabajan en hospitales y centros de salud, el día a día se ha convertido en una dura pelea por sortear obstáculos y convivir con las múltiples carencias que la desidia del Estado multiplica.

Violencia, stress, inseguridad, precarización laboral, falta de recursos humanos, falta de elementos para trabajar, malas condiciones edilicias… la situación de los trabajadores de la salud, sobre todo en los efectores públicos, se torna  más compleja y difícil de sobrellevar. Todo ello remunerado con sueldo que, en muchos casos, apenas superan los montos estadísticos de la línea de pobreza.

«Un profesional que recién se inicia en su cargo en un efector público cobra 15.300 pesos y después de 30 años en la salud pública no llega a los 20.000», señala María Fernanda Boriotti, titular del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus). «Y estamos hablando de un profesional ya formado, con su residencia ya hecha, con especialidad y cierta experiencia, que ingresa al sistema público», explica la dirigente.

Consultada por Conclusión, para Boriotti la cuestión salarial y el stress laboral son los dos problemas fundamentales que enfrentan cotidianamente los trabajadores que se desempeñan en los hospitales públicos y centros de salud.

La dirigente gremial enfatiza que gran parte de los trabajadores que se desempeñan en la salud pública lo hacen con convicción y apostando por ella. «La mayoría tenemos la certeza de que el sistema de salud pública tiene que prevalecer, que es el sistema que sostiene las emergencias, las catástrofes, epidemias… Tenemos una convicción muy fuerte en ese sentido. Queremos una salud accesible, equitativa, universal para toda la población y apostamos a ello. Pero los salarios que tenemos están muy cerca de la línea de pobreza, y con un reconocimiento a la formación y al esfuerzo más que escaso».

«Un profesional que recién se inicia en su cargo en un efector público cobra 15.300 pesos y después de 30 años en la salud pública no llega a los 20.000»

«No tenemos carrera, la ley que nos rige es una ley absolutamente obsoleta que está fuera de toda recomendación internacional respecto de lo que tiene que ser una legislación de carrera internacional y la única verticalidad que tiene está relacionada a la antigüedad, no a la formación, no al tipo de trabajo, no a la presentación de trabajos científicos. La capacitación corre por cuenta propia y no tiene valoración alguna. Es una falta de estímulo importante al progreso profesional, no sólo  en lo económico. Es bastante ingrato, en ese sentido, el paso por la administración pública, al menos por la provincial», explica Boriotti y agrega que esa realidad se traduce en el pluriempleo. «Hay profesionales con dos o tres trabajos. En la provincia nos dicen ‘trabajen más’, porque el cargo estándar es de 24 horas semanales. Hay profesiones que te permiten hacerlo en el ámbito privado. Pero otros no. Por ejemplo los bioquímicos cuya carga mayoritaria es de mañana, hay otros como son los farmacéuticos o los que trabajan en la agencia de seguridad alimentaria que tienen bloqueado sus títulos por los mismos colegios, como una incompatibilidad, y sin embargo, no a todos se les paga esa incompatibilidad. Y no tienen posibilidad de ejercer en otro lado porque tienen bloqueada su matrícula».

Precarización laboral, relaciones laborales encubiertas y atrasos en los pagos

La secretaria gremial a la Delegación Santa Fe de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), Sandra Maiorana, sostiene que una de las preocupaciones más importantes de la entidad gremial es el trabajo precarizado.

«Tenemos una gran cantidad de gente en la provincia que está trabajando en negro, y para mí, ese es uno de los problemas fundamentales que estamos enfrentando», subraya Maiorana en diálogo con Conclusión. «Los profesionales que entraron a trabajar a partir de octubre de 2013 hasta el día de hoy están en negro. No tienen los derechos que tienen todos los trabajadores. Algunos pocos aún quedan con contrato de locación y muchísimos con monotributo que trabajan por prestación pero en forma permanente. Son empleados, la mayoría están en guardias, son personal de alto riesgo, están expuestos a contagios, si están arriba de una ambulancia, pueden tener un accidente y no tienen ningún tipo de cobertura. Hay casos de gente que se ha infartado trabajando y no tienen ART ni obra social», enfatizó la dirigente gremial.

«Los profesionales que entraron a trabajar a partir de octubre de 2013 hasta hoy están en negro. No tienen los derechos que tienen todos los trabajadores»

«Han habido serios problemas con los médicos que están en negro. Hemos tenido el caso de una médica embarazada, que, como es monotributista, no tiene licencia por embarazo», brindó Maiorana a modo de ejemplo.

En ese sentido, los voceros de Siprus coinciden en que el trabajo en negro es un reclamo fundamental de los trabajadores. «Además –señala Boriotti–, la burocracia complejiza todo, porque los trabajadores pasan meses y meses sin cobrar. Tenemos el caso de una chica que cobra ahora, en este mes de febrero, su primer sueldo cuando había empezado a trabajar en marzo de 2016, es decir, casi un año después. Lo que es peor, esa persona quedó embarazada y no puede hacer uso de la obra social, porque el Iapos ni siquiera les garantiza la atención a los que ya están trabajando en la provincia y que ya tienen un decreto en marcha para tener el cargo. No, Iapos te pide los últimos tres recibos de sueldo, pero esos tres últimos recibos suelen demorar meses y meses».

«Es un flagelo que sigue acumulando profesionales en situación de monotributistas», afirma la presidenta de Siprus. «No tienen cargas sociales, porque ni siquiera les hacen un pequeño contrato, corto, de manera que no se pierdan esos años de aportes. Y es gente que después, con el tiempo, termina pasando a planta, entonces, es una relación de dependencia encubierta que se niegan a reconocer». Y agrega: «Es un proceso que no logramos terminar, porque cuando parece que estamos saneando, nos encontramos con que han pasado más de tres años de gente que sigue entrando en estas condiciones».

Stress laboral, violencia e inseguridad  

Desde Siprus recalcan que cuando se habla de salarios y números no se tiene en cuenta lo que implica trabajar en salud. «Acá no se negocia pensando en eso, se negocia en base a números. Entonces, la persona que hace los números es una persona que no tiene la más remota idea de lo que es trabajar en un centro de salud, de lo que es trabajar con toda la contingencia social que se atraviesa en los barrios periféricos de la ciudad y en la atención primaria, que se atraviesa en la cuña boscosa dónde los caminos son intransitables y el profesional tiene que quedarse ahí porque no puede volver a la ciudad. Esa gente no tiene idea lo que es que no te lleguen los medicamentos cuando te tienen que llegar, desde Nación, desde Provincia, desde dónde sea. No tienen idea de lo que uno pone trabajando en salud, del desgaste profesional que es muy alto. Porque implica no sólo el trabajo con la vida y la muerte, la salud y la enfermedad en forma continua y la expectativa que eso genera en el paciente y su entorno, sino con  todas las deficiencias del sistema público, la falta de recursos humanos, de estructuras edilicias en condiciones o de medicamentos que lleguen en tiempo y forma».

«Los trabajadores de los centros de salud terminan haciendo también un  trabajo de acción social»

La titular de la asociación gremial enfatiza lo agobiante que puede ser la falta de recursos humanos y la ausencia del estado cuando se trabaja en situaciones límites. «En cuestiones de salud, se trabaja permanentemente en equipo, así que la falta de personal en determinadas escenarios complica enormemente el día a día, no tener la gente necesaria para hacer bien el trabajo. Lo mismo ocurre cuando el estado no da respuesta ante determinadas situaciones que se generan a diario en los centros de salud y en los hospitales. Y hablo de los distintos ministerios y organismos que tienen que intervenir en esas situaciones críticas, de Niñez, o del Sistema Penitenciario, o de los distintos soportes estatales».

La dirigente hace hincapié en que, por ejemplo, no obtener respuesta ante los casos de abuso sexual infantil o de violencia de género puede convertirse en una carga, porque los profesionales que asisten a esas familias terminan asumiendo roles que no les corresponden pero que, a la vez, no pueden evitar. O la falta de medicamentos para enfermedades de alto riesgo, medicación para VIH, antituberculosa, oncológica… eso genera unas condiciones insoportables en el sentido de la angustia que provoca en el profesional que quiere darle una respuesta al paciente.

«Cada día aparecen asentamientos nuevos en los distintos barrios y allí tenemos cientos de personas que no están documentadas. Por lo tanto, los trabajadores de esos centros de salud terminan haciendo también un trabajo de acción social, porque es importante tener relevada a esas familias para lograr que empiecen a acercarse a los centros de salud, o si hay chicos que empiecen a ir a la escuela, que tengan alimento… es un trabajo social tan grande el que se hace que genera un agotamiento y una impotencia a veces muy difícil de soportar», explica Boriotti. «Eso genera un desgaste, un stress y un sentir que se está totalmente solo que termina agobiando a los trabajadores. Y los vemos reflejado en la gran cantidad de pedidos de traslados. La gente dice: ‘Me gusta lo que hago pero necesito cambiar de zona’, o ‘no quiero trabajar más acá’, o ‘quiero irme a tal pueblo'», subraya.

«Entonces –enfatiza Boriotti–, los trabajadores se preguntan a diario: ‘¿Puedo soportar todo esto? ¿Puedo soportar esta falta de respuesta para un paciente que está horas y horas esperando por una ambulancia o una derivación, y el tiempo pasa y el que se queda conteniendo la situación es el trabajador del centro de salud?

«Hay otras cuestiones que abonan el stress», señala la vocera de Siprus. Y detalla: «Las desastrosas condiciones edilicias de algunos centros de salud, la falta de agua potable en otros, y que los trabajadores ni siquiera tengan garantizada una línea de colectivos que los lleva hasta su lugar de trabajo, porque hay sectores dónde el transporte público no llega… eso habla claro y alto de las condiciones laborales también ¿no?».

Otra temática que ocupa un lugar central en la situación laboral de los trabajadores de la salud pública es el tema de la violencia y la inseguridad, Para Amra esa cuestión, que se agrava día a día y está en los primero lugares de los reclamos, aún no tiene la respuesta estatal que debiera.

«Nosotros hace años que lo venimos denunciando, desde el anterior gobierno provincial. Y cuando lo denunciábamos, nos decían que no era tan grave o que la culpa la tenían los médicos, que no sabían relacionarse o dar malas noticias a los pacientes», explicó Sandra Maiorana.

«Durante mucho tiempo culparon a las víctimas de esa inseguridad, hasta que tuvieron que asumir que había un problema. Ahora hemos conseguido que en algunos lugares pongan guardias de seguridad o policía».

«Los trabajadores se preguntan a diario: ‘¿Puedo soportar todo esto? ¿Puedo soportar esta falta de respuesta para un paciente que está horas y horas esperando por una ambulancia o una derivación?'»

«Pero esa situación de inseguridad ha generado que mucha gente termine con stress post traumático o pidiendo licencias o traslados. Tiroteos en las guardias, o familiares que amenazan a los médicos, a veces tiroteos frente a los centros de salud en los barrios», relató la secretaria gremial de Amra.

«Nosotros no tenemos estadísticas, porque se pide un parte de enfermo psiquiátrico a la Provincia o a la Municipalidad, muchos tienen que dejar de atender pacientes y hacer tareas más livianas o administrativas. Pero la Municipalidad y la Provincia no nos informan cuántos son ni quiénes son, ellos están preocupados pero se callan la boca y no dan a conocer los números», señaló Maiorana. Y agregó: «Entonces nosotros vamos tomando conocimiento, pero la verdad es que cuando acá llega una denuncia de ese tipo, es porque antes ha habido no menos de 10».

Además, la dirigente denuncia que desde la Municipalidad se ocupan de tapar esos casos para que no salgan a la luz. «Tienen un sistema de trabajo que limita mucho las decisiones personales de los que trabajan sobre todo en atención primaria. Todo se decide en el equipo y los equipos están comandados por gente muy pro-gobierno, y los delegados del sindicato municipal también, porque ellos frenan todas las denuncias en connivencia con la Municipalidad. Entonces, si alguien quiere hacer algo y el ‘equipo’ no está de acuerdo se presiona mucho. Hay mucho control dentro del equipo y si uno sale de los parámetros después tiene que atenerse a las consecuencias por haber roto esas reglas tácitas. Es una manipulación y un acoso laboral encubierto. En Provincia no pasa de esa manera, pero en la Municipalidad hay un plan sistemático para controlar a los trabajadores de la salud. Entonces es muy raro que un médico diga ‘voy a hacer la denuncia’ porque es muy frenado por todo el entorno», explicó la vocera gremial. Y agregó: «También está la cuestión edilicia, los hospitales, los centros de salud fueron diseñados sin pensar nunca en el tema seguridad. Hay un centro de salud en Villa Gobernador Gálvez que atrás tiene la barranca, si pasa algo, los médicos no tienen por dónde escapar, se tienen que tirar por la barranca».

Aquí aparece nuevamente el conflicto del transporte público, ya que muchas líneas de colectivo no llegan hasta los lugares en los que están los centros de salud y los trabajadores tiene que caminar varias cuadras hasta llegar a su lugar de trabajo, con lo cual, se suma un factor más a la inseguridad.

Maiorana también agrega la cuestión del sistema público de ambulancias. «Cuando llaman a un móvil, como no alcanzan las ambulancias que hay para cubrir las necesidades de la ciudad y demoran en llegar al lugar, quienes van también son agredidos por la gente que está enojada por la tardanza desesperada porque atiendan a su familiar o amigo y se genera otra situación más de violencia. Ahí hay otra cuestión, las ambulancias del sistema público son insuficientes, se rompen y muchas veces se caen una o dos ambulancias por día por esa razón, o porque no tienen trabajadores que las manejen», explicó.

«En la Municipalidad hay un plan sistemático para controlar a los trabajadores de la salud».

Maiorana insiste en que los hechos de inseguridad no son aislados. «Un lugar emblemático era la guardia del Roque Sáenz Peña. Por suerte eso fue revertido. Pero entraban y se tiroteaban allí y les pateaban las puertas a los médicos y los apuntaban con armas. Tuvimos que presentar un recurso de amparo en un juzgado laboral para que la Municipalidad pusiera vigilancia en la guardia del Roque Saénz Peña porque se negaban a hacerlo», relató.

«El tema es qué pasa con esos médicos después… una vez, una chica que trabajaba allí me dijo: ‘Yo estoy acá, reanimando un paciente, y me están golpeando la puerta que no es segura y que sé que la pueden abrir y me están gritando: ‘te mato si se muere’, yo no estoy en condiciones de reanimarlo, hago lo que puedo, pero me tiemblan las manos y no puedo hacer mi trabajo como corresponde'», contó la dirigente de Amra.

«Hay un antes y un después de eso. Mucha de esa gente no puede volver a trabajar en el mismo lugar, o toma licencia psiquiátrica, o piden traslado a otro sector o a áreas administrativas. Y algo más que estamos notando es la cantidad de enfermedades crónicas que se están dando en los trabajadores de la salud, en edades muy inferiores que las esperadas, productos del stress ocasionado por las malas condiciones laborales, sobre todo cánceres», relató Maiorana, de Amra.

Pero eso, seguramente, será materia para otra nota…