Este martes 30 de octubre el fiscal santafesino del Ministerio Público de la Acusación Roberto Apullán fue sometido a audiencia imputativa bajo los cargos  de falsedad ideológica de documento público en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público u abuso de autoridad en calidad de autor. Los cargos obedecen a una investigación que llevaba Apullán junto a la fiscal María Laura Martí que derivó en el pedido de escuchas telefónicas a una línea que resultó pertenecer al ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La fiscal Martí corrió, semanas atrás, con igual suerte y mismos cargos.

La imputación estuvo a cargo de los fiscales rosarinos Juliana González y Gustavo Ponce Asahad. Ambos le atribuyeron haber falseado el contenido de la solicitud de intervención telefónica presentada el 29 de septiembre de 2017 ante colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de la Primera Circunscripción, al haber solicitado autorización judicial para que se ordenara la intervención de linea telefónica habiendo omitido informar al Juez quien era la persona que la utilizaba, teniendo conocimiento que la línea telefónica en cuestión era utilizada por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Además, se lo acusa de haber omitido manifestar reales fundamentos que justificaran dicha medida, con la finalidad de inducir al juez interviniente en error y engaño al momento de efectuar el control de legalidad de la medida.

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La acusación presentada por los funcionarios del MPA le atribuye también «haber efectuado dicho requerimiento manifestando que se trataba de un pedido de nueva intervención telefónica de cinco lineas, entre las cuales estaba la linea en cuestión, siendo que las otras cuatro restantes ya se encontraban intervenidas y sobre las cuales se peticionaba su prórroga, haciendo alusión a una anterior intervención autorizada en fecha 22 de Septiembre de 2017. Se le indilga haber falseado dicho extremo con el mismo fin de inducir a error y engaño al juez.

En cuanto al delito de falsedad ideológica, Apullán está acusado de haber efectuado un ejercicio abusivo y arbitrario de la función pública como instrumento para violar la garantía de derecho a la intimidad y privacidad que posee todo individuo, como asimismo la garantía que prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas. También enfrenta cargos por violar la Ley 13013, cuyo cumplimiento le incumbe en razón del desempeño de su cargo de Fiscal en lo que concierne al deber de ejercer la función respetando el principio de “Respeto por los derechos humanos“, disposiciones que estaban en su conocimiento y debió haber haber ejecutado y respetado en ejercicio legítimo de su función y cuyo cumplimiento le incumbía en razón de su cargo.

La investigación se da en el marco de la divulgación de las escuchas telefónicas que fueron interceptadas en el marco de la causa «Horas Ospe» que seguía el camino de irregularidades en las horas extras de la policía provincial.

En cuanto a las escuchas en cuestión, supuestamente relacionaban al titular de la cartera de Seguridad santafesino con un supuesto tráfico de influencias.  En las mismas, Pullaro se queja de la detención del comisario Adrián Rodríguez, involucrado en la supuesta estafa de Horas Ospe, comenta que le “habían prometido no hacerla hasta después de las elecciones”, pide explicaciones al fiscal general de la provincia Jorge Baclini y al fiscal regional, Carlos Arietti y llama hasta al propio gobernador Miguel Lifschitz para hablar del tema.