El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y a la gerenta general, María del Carmen Barros, en la causa que investiga la polémica generada por la contratación de familiares y una famosa numeróloga por parte de la entidad.

Según la acusación, las funcionarias «habrían intervenido en el ámbito de sus funciones y sin contar con el aval del Directorio» del Banco Nación en «la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como ´Pitty, la numeróloga´ para un ´curso de coach´ por la suma de $1.800.000», «la designación de Héctor Javier Silva, ex marido de Silvina Aída Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA»; y «el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de María del Carmen Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA».

La numeróloga Pitty reconoció que percibió 1,8 millones de pesos por un lapso de seis meses como asesoría aunque ella dijo que simplemente la contrataron y deslindó todo tipo de responsabilidad.

También se cuestiona el nombramiento de Maximiliano Piantanida, amigo de María del Carmen Barros, como Gerente Departamental del Banco Nación. Sumado a ello, el aval de la titular de la entidad para que Barros cobre un sueldo mensual de 900 mil pesos.

«El insospechado grado de impunidad de esta gente les hace creer que pueden cobrar millones de pesos de una entidad pública y que cuando le preguntan cuál fue el servicio prestado decir que es algo privado. Como si esto fuera poco, en otra parte de la entrevista la numeróloga dijo que ni siquiera prestaba el servicio en el Banco, sino que la gerenta general del Banco Nación se acercaba a su lugar de trabajo donde hay cámaras. ¿Cuál es el servicio que le puede prestar una numeróloga al Banco de todos los argentinos que no lo prestaba en el Banco y que la gerenta general debía ir hasta su lugar de trabajo? Mas que un servicio para el Banco es claro que el servicio es un servicio privado para Barros y que lo abonó mediante una factura apócrifa que se cobró con dinero público que le pertenece a todos los argentinos», sostuvo Ocaña en su denuncia.