Grecia y las instituciones acreedoras alcanzaron un acuerdo que permitirá desbloquear un tramo del tercer rescate y obtener fondos para la recapitalización de la banca.
Tras varias sesiones maratónicas durante el fin de semana y una nueva ayer, el Gobierno y la cuadriga que integran la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, cerraron esta madrugada la lista de 48 requisitos, cuyo cumplimiento era necesario para poder obtener un subtramo de 2.000 millones de euros y 10.000 millones de euros para la banca, detalla un cable de la agencia EFE.
Sin embargo, dejaron para diciembre uno de los dos temas más candentes de la negociación, el de la cartera de créditos morosos de la banca, que asciende a 107.000 millones de euros, lo que representa en torno del 60% del Producto Interior Bruto griego, y es la más alta de la Unión Europea.
Por ahora, no obstante, se resiste a aceptar que además de los préstamos en mora de grandes empresas, puedan venderse los de las pequeñas, los de particulares, así como las hipotecas.
El debate sobre esta cuestión ha quedado aplazado hasta diciembre para no torpedear el desembolso de los fondos para la recapitalización de la banca, un proceso que debe haber concluido antes de fines de año, para evitar quitas a los depósitos superiores a 100.000 euros.
Grecia y los representantes de la denominada cuadriga cerraron en cambio uno de los temas socialmente más sensibles, el de las ejecuciones hipotecarias.
En esta cuestión, el Gobierno de Tsipras ha tenido que alejarse aún más de sus promesas electorales y ceder aún más de lo que hizo la coalición de Gobierno entre conservadores y socialdemócratas dirigida por Andonis Samarás.
Después de una moratoria de cinco años, los desalojos serán posibles en Grecia, aunque con una serie de salvaguardas que, según el Gobierno, pretenden proteger al 60% de las hipotecas.
El objetivo inicial de Tsipras era que fuera el 72% de las hipotecas. Finalmente, el acuerdo prevé que sólo quedarán absolutamente protegidos del desalojo los propietarios de viviendas con ingresos muy bajos, que constituyen cerca del 25 % de la cartera total de hipotecas morosas.
