Por Aldo Battisacco – Desde Buenos Aires (enviado especial)
El diputado nacional Felipe Solá presentó en diciembre un amparo contra el decreto 1.206 dictado por el presidente Mauricio Macri, que le permitió a familiares de funcionarios públicos acceder al blanqueo de capitales. El juez federal en lo contencioso administrativo Ernesto Marinelli desestimó la suspensión de la aplicación del decreto a pesar que la una ley aprobada por el Congreso prohibió esta posibilidad. Frente a esta decisión el legislador dijo a Conclusión «que apelarán el fallo ya que el magistrado dijo que abrirá juicio solamente sobre la cuestión de fondo».
«Tenemos miedo que no vea la inconstitucionalidad del decreto 1.206 del presidente Macri, porque contradice lo que estipula la ley sancionada en el Congreso, que no permite el blanqueo de dinero a todos los parientes directos, que seguramente ya habrá blanqueado; es decir, padre, hijos, que estén emancipados o conyuges, de todos los funcionarios de los 3 poderes», señaló el diputado del Frente Renovador.
Respecto de qué tipo de bienes se trata, Solá comentó: «Nosotros prohibimos eso, porque no se puede tener a nombre de ellos cosas malogradas o mal habidas, por algo están en esta condición, porque si hablamos de blanqueo es porque esos bienes deben regularizarse».
En relación a las conductas del presidente Macri, el ex gobernador de Buenos Aires describió que «Macri, muy suelto de cuerpo, resolvió facultar mediante un decreto dar permiso a los familiares y esto es violar la Constitución».
Vinculado al escándalo que generó lo ocurrido con Correo Argentino, Conclusión consultó a Felipe Solá si advertía que había una matriz en las formas con las que se manifestaron ambos casos, el diputado respondió que «están íntimamente ligados, cuando se trata de cuestiones que hacen a gente que tiene mucha plata o cosas para blanquear o cosas en el exterior tienen una actitud de ponerlas en primera fila y los derechos, el cuidado de la institucionalidad, pasan a un segundo plano, como ocurriera con los jueces de la Corte (nombrados por decreto) en un principio».
El juez interviniente había contestado a la petición del legislador diciendo: «Acceder al dictado de la cautelar intentada importaría anticipar juicio de mérito y, además, se estaría dejando vacío de contenido al proceso, al satisfacerse por medio de la cautelar aquello que es el objeto del amparo».
