Por Santiago Fraga
El Grupo de Padres Adoptivos y en Espera de Rosario fue creado a raíz de la problemática que surge en la ciudad y la región con respecto a las adopciones en los últimos tiempos, donde los padres que se anotan no cuentan con el seguimiento y la evaluación necesaria y al mismo tiempo hay niños que pasan hasta tres años viviendo en un instituto, algo que en esa etapa de la vida es determinante.
La semana pasada, la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente convocó a una mesa de diálogo con funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, de Desarrollo Social, y del grupo en cuestión, con el motivo de avanzar en algunas inquietudes que el grupo anteriormente le expresó a Antonio Bonfatti, presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.
En la misma, y al estar ausente los jueces, quienes se presentarán en una reunión convocada para el 6 de octubre, se trataron algunos breves temas, principalmente apuntados a la Dirección de Niñez.
Conclusión dialogó con Karina, una de las integrantes del Grupo de Padres Adoptivos y en Espera de Rosario, quien sostuvo que la Dirección de Niñez no toma las medidas excepcionales y que hay un montón de niños en riesgo, pero apuntando a que el problema es en todos los ámbitos y que del mismo forman parte jueces, senadores, diputados, autoridades de la Dirección de la Niñez, la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, y concejales, entre otros.
Desde la creación del grupo y desde que el problema fue visibilizado, cuenta Karina que empezaron a llegar denuncias de varios casos de adopción irregular. Para ejemplificar, uno de los más renombrados de un caso irregular fue lo que le ocurrió a Mauricio Guirao, participante de Gran Hermano, oriundo de Santa Fe, cuyo sueño era que su familia pueda adoptar legalmente a su pequeño hermanito, a quien la madre había encontrado y había llevado a su hogar desde ya hacía algunos años, pero no tenía los papeles para certificarlo como corresponde.
“Lo que parece una historia tierna y conmovedora en realidad está ocultando una falencia muy grave”, agregó Karina.
En esa línea, aseguraron en el comunicado expresado a Bonfatti que han “denunciado sistemáticamente la situación de los niños viviendo años en instituciones de la ciudad y el país como así también los atrapados en un sistema de familias solidarias sin que nadie los revincule con su familia de origen ni tampoco les posibilite una nueva familia a través de la adopción”.
A su vez, otro de los apuntados es el Registro Único de Aspirantes a Guarda Adoptiva (Ruaga), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, sobre quien expresaron además su descontento con la renuncia de la anterior directora, Selva Degiorgio.
“En todas las provincias te hacen una serie de evaluaciones psicológicas y una trabajadora social va a tu casa para ver para que estás preparado. Alguien te tiene que decir si estás apto o no. Es el derecho del niño. Nosotros le reclamamos eso al Ruaga, pero nunca tuvieron recursos y con la renuncia de la directora menos”, denunciaron desde el grupo a este medio.
“Un registro con semejantes dificultades se ha traducido en estos últimos años principalmente en familias sin evaluar, sin ser asesoradas ni preparadas para los niños que las necesiten. Hay muy pocas familias para los niños reales que esperan, que son niños de más edad, grupo de hermanos o niños con patologías leves o severas”, expresaron en el comunicado.
A su vez, también critican que resulta inexistente “el acompañamiento y asesoramiento que debería hacer dicha institución a quienes se postulan como familias e incompatible con la cantidad de recursos humanos asignados desde su creación para cumplir esa tarea”.
Mientras tanto, hay familias que esperan ser evaluadas y niños que permanecen hasta tres años viviendo en un instituto o en un hogar transitorio. “Tres años en esa etapa es determinante, le marca la vida a ese niño”.
El nuevo Código Civil justamente acota los plazos para la evaluación y ubicación a 180 días, por lo que denuncian que hay “casos concretos de niños que aún con los plazos vencidos anteriores a la puesta en vigencia del mismo siguen invisibles al sistema y a la sociedad entera”.
De igual manera, reconocen que hay parejas y hay niños que no son aptos para una adopción, pero precisamente por ello es que se necesita que se realicen las evaluaciones pertinentes.
Finalmente, expresaron que en este entonces se encuentran con “los mismos reclamos que hace seis años atrás”, y entre las medidas que ellos exigen se encuentran:
- La creación de los servicios locales de niñez en el área municipal.
- Notar la ausencia de la figura del abogado del niño.
- Falta de capacitación de quienes trabajan en el área de Niñez en la temática de adopción.
- Notar la ausencia de un espacio donde se asista a una mujer que no quiera ejercer su rol materno.
- Se resuelva la gran cantidad de niños con muchos años dentro del sistema.
Del otro lado, en la reunión realizada el viernes 2 de septiembre, el subsecretario de los Derechos de la Niñez, Horacio Coutaz (Desarrollo Social), remarcó “la heterogeneidad de las situaciones que se presentan en todo el territorio provincial en cuanto adopciones y que en estos últimos tiempos se aumentaron 40 plazas de centros residenciales y en los próximas meses se sumarán 30 más en toda la provincia”, como así también “hay una fuerte decisión política del gobernador de fortalecer el sistema provincial de infancia”.
En este sentido, el gobernador provincial, Miguel Lifschitz, posterior a la reunión firmó un convenio con Unicef Argentina para la consolidación de un sistema de información que tenga en cuenta la historia de vida de los niños.
Además, los representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sostuvieron que el Ruaga no está acéfalo, y que desde la Secretaría de Justicia se lleva adelante la conducción del registro. “Estamos trabajando con miras de mejorar las condiciones de adoptabilidad siempre en consonancia con lo que dicta el nuevo Código Civil puesto hace un año atrás en funcionamiento”, agregaron.
