«Es más fácil salir a pegarle a los jueces que decir la verdad»

Por Florencia Vizzi

«Lo que más nos importa es que la gente sepa que el Tribunal no cierra por vacaciones, y que el fuero penal funciona exactamente igual en la feria ante los delitos cometidos durante la misma que durante el resto del año. Lo que pasa es que es más fácil pegarle a los jueces que decir la verdad».  Estas contundentes declaraciones fueron realizadas por la jueza de la Cámara Penal, Carina Lurati, en el marco de un complejo cuadro de recrudecimiento de los crímenes violentos, mantiene enfrentados al Poder Político con el Judicial.

La ola de muertes violentas en la ciudad de Rosario durante las dos primeras semanas del 2018 no ha dado tregua y que ya se ha cobrado más de 15 víctimas fatales, ha generado otra ola, tan dañina como la primera. Una serie de declaraciones y afirmaciones desde el Poder Ejecutivo provincial y desde el Ministerio de Seguridad que apuntan directamente al Poder Judicial y a la feria como uno de los principales responsables por los delitos y la inseguridad. En el marco de una reunión mantenida este jueves entre Maximiliano Pullaro, Miguel Lifschitz y los jefes policiales, el primero apuntó directamente a la justicia refiriendo: “Todas estas personas en algún momento pasaron por la Justicia, algunos estuvieron detenidos y se les dio la libertad” y días antes el gobernador había señalado que este es un tema de la Justicia y había hablado sobre una menor presencia de los fiscales durante la feria.

«Es importante que la gente sepa que todos las medidas pedidas por la Fiscalía fueran atendidas y ordenadas por los jueces de feria y que el Fuero Penal funciona igual en feria que el resto del año»

En ese sentido, la jueza Carina Lurati se despachó remarcando que «se ha tergiversado el tratamiento de la feria en el fuero penal de dos maneras distintas». «Por un lado, sosteniendo que la feria tiene que ver prácticamente en forma directa con la situación de inseguridad y segundo planteando que los jueces, por ser menos, no están atendiendo las medidas investigativas de la Fiscalía o de la policía. Los datos que nosotros tenemos de la Oficina de Gestión Judicial indican absolutamente lo contrario», aseguró la jueza con énfasis.

«El servicio de Justicia es un servicio que presta el Estado a los ciudadanos y es importante que sepan como funciona». «Este sistema nuevo, que empezó en febrero de 2014 tiene tres patas, una es la del Ministerio Público de la Acusación, otra es la defensa y otra es el juez. El que investiga el delito, es el MPA y se vale de la policía para investigar. Todas las medidas investigativas las lleva adelante el MPA con la policía y sus investigadores. Sólo requiere del juez cuando constitucionalmente necesita invadir la propiedad o la privacidad, esto es un allanamiento o una intervención telefónica.

Los registros de la Oficina de Gestión Judicial muestran que todos los pedidos de allanamientos para que los vea un juez y todos los pedidos de intervención teléfonica cursados por el MPA fueron atendidos por un juez y, evidentemente, el juez que los atendió estuvo de acuerdo, porque el 100 por ciento de medidas pedidas por los fiscales fueron ordenadas por los jueces de feria», se explayó, contundente, la magistrada. 

Lurati enfatizó varias veces que «no hay ningún pedido de allanamiento ni ningún pedido de intervención telefónica que no haya sido cursado», y señaló que «lo que se planteó desde el Poder Ejecutivo fue que no fue ni mirado ni atendido y que como no hay jueces nadie les dio curso», relató la jueza, dispuesta a desactivar esa teoría. 

«El 100% fue revisado por el juez y ordenado. Esto está en el registro oficial de la OJG. Los jueces no pueden tomar audiencia de oficio. El sistema nuevo prevé que el fiscal o el defensor pide la audiencia a la OJG,  o el ciudadano pide el habeas corpus. Todas las audiencias pedidas fueron agendadas y llevadas a cabo. Y cuando alguna audiencia pedida no correspondía fue rechazada, pero todas tuvieron respuesta».

Lurati también remarcó que «en ningún momento una audiencia fue dejada de lado por falta de jueces porque el sistema tiene previsto que, cuando los jueces de Rosario no dan a basto, los jueces del interior vienen a colaborar, y en caso que no sea suficiente,  hay jueces que aunque estén de vacaciones están en una suerte de banco de suplentes. Está todo previsto para que en cualquier caso de necesidad los jueces estén a disposición del Poder Judicial, pero esto no hizo falta. Sí hizo falta que ayer el doctor Juan Carlos Tutau,de San Lorenzo,  esté en el Tribunal de Rosario y estuvo».

Números puros y duros

Carina Lurati dio detalles de lo actuado durante las dos primeras semanas de enero en el fuero penal de los Tribunales, a fin de demostrar con hechos que, según sus palabras, «no hubo disminución, no hubo afectación para el ciudadano en el servicio de justicia de parte de los jueces». «Los jueces trabajan bajo el pedido de la Fiscalía o de la defensa. Y los números reflejan que cada pedido tuvo su correspondiente respuesta».

La magistrada detalló que en lo que va de 2018, en primera instancia se realizaron en total 142 audiencias, 86 de ellas fueron audiencias imputativas, que son aquellas en las que el fiscal lleva a una persona ante el juez acusándolo de un delito. Del total de las audiencias, 140 se realizaron con imputados detenidos. Además hubo 13 audiencias de segunda instancia»

Las peticiones de medidas investigativas a magistrados fueron ordenadas en un 100 por ciento. 53 peticiones de medidas investigativas, entre allanamientos e intervenciones telefónicas. Pedidos formales que ingresaron a través de la OGJ.

«En lo que va de 2018, en primera instancia se realizaron en total 142 audiencias, 86 de ellas fueron audiencias imputativas. Del total de las audiencias, 140 se realizaron con imputados detenidos. Además hubo 13 audiencias de segunda instancia»

En relación a la afirmación emanada desde el Ministerio de Seguridad de que la policía realiza 200 detenciones por semana y que esas detenciones no llegan a buen puerto, Lurati detalló que las detenciones las produce la policía pero es el MPA quien finalmente realiza las depuraciones, y decide quienes son los que siguen detenidos y quienes no. Para eso se evalúan los elementos de prueba, y por qué se realizó la captura. «Esa es una decisión de la Fiscalía, y cuando la Fiscalía lo lleva ante el juez ahí es una decisión del juez. Pero sería un estado policial, totalmente fuera de la ley,que se cuestionara la actividad del Fiscal o la actividad del juez y se eligiera el criterio policial y hubiese que dejar 200 personas detenidas porque la policía las detuvo, aún cuando no  hubiera pruebas para que estuvieran detenidas», advirtió la magistrada. Y agregó: «Entonces habría que eliminar al Ministerio Público de la Acusación y a los jueces y quedarnos con las detenciones policiales. Viviríamos en un estado policial si debiéramos quedarnos con el criterio policial que no podrían ser sometidas al criterio legal de la fiscalia en primera instancia y del tribunal de primera instancia como segunda revisión y del de segunda instancia como tercera revisión. Ese planteo es un planteo que dejamos atrás en la época del proceso».

«Viviríamos en un estado policial si debiéramos quedarnos con el criterio de la policía y que las detenciones no fueran sometidas al criterio legal de la Fiscalía o de los jueces.Ese planteo es un planteo que dejamos atrás en la época del proceso».

Otro punto al que hizo referencia la doctora Lurati es que desde hace dos años que hay 13 vacantes para jueces y no se han ocupado. «Ahora se muestran preocupados porque hay menos jueces, pero durante todo el año, durante dos años trabajamos con 13 jueces menos, 10 de ellos correspondientes a Rosario, y a nadie pareció preocuparle esa cuestión».

¿Puertas giratorias o plazos judiciales?

Tanto desde el Ministerio de Seguridad como del Ejecutivo Provincial se hizo hincapié en que muchos protagonistas de los hechos violentos habían sido detenidos en algún momento, o estaban con prisión domiciliaria.

En cuanto a las responsabilidades y razones al respecto, Lurati expresó que «hay que tener en claro que en la Argentina existe una limitación en la pena que se le puede imponer a un sujeto según el delito que cometió». «Por un robo o por un hurto no podés condenar a una persona hasta que se muera. Entonces los casos son distintos. Una persona detenida porque no volvió de salidas transitorias, en el momento en que el juez de ejecución advierte que no volvió libra la captura. A partir del momento en que se libra la captura es la policía la que tiene que encargarse de buscarlo. Y es muy fácil buscarlo, porque generalmente las personas con salidas transitorias suelen tener un mismo ámbito de relación que con un mínimo de inteligencia pueden establecerse».

«Respecto de las domiciliarias tienen un régimen de control también policiales que se obliga a través de un oficio que obliga al personal policial a hacer el control según lo dispuesto por el juez. Lo que hay que entender y tener en claro es que, porque una persona tenga ingreso al sistema judicial no quiere decir que no vuelva a salir. Quizá fue  absuelta, o quizá cumplió su condena, o quizá lo dejaron en libertad porque no había pruebas, o estuvo condenado a dos años porque era un delito menor. En algún momento tiene que salir, y eso no significa que lo liberó un juez alegremente, hay un Código Penal, hay una Constitución Nacional hay un límite que los jueces tenemos que manejar. No es la justicia liberó porque fue inoperante y ahora nos toca volver a detenerlos. La justicia actúa conforme a la prueba y al delito. El delito tiene un mínimo y un máximo y el fiscal pide una pena, y los jueces condenan según el límite que está en la ley». 

En cuanto a la feria judicial, Lurati afirmó «no hacer una defensa corporativa» de la misma. «La feria es un período que, más que nada necesitan los abogados,es una cuestión administrativa, porque  dejan de correr los plazos, en lo civil y  laboral fundamentalmente. En el fuero penal el funcionamiento es el mismo», detalló.

«Pero insisto en esto, nosotros prestamos un servicio y nos parece que la gente tiene que saber  que ese servicio se presta del mismo modo ahora que durante el resto del año . La gente tiene que saber que cada medida investigativa pedida por el acusador fue otorgada. Porque es terrible que parezca que no se puede detener a una banda que anda a los tiros por el barrio y que sale a matar gente porque el juez no está. Eso no es verdad. El juez estuvo cada vez que el fiscal lo pidió» concluyó la jueza.