El exsecretario de Obras Públicas José López fue enviado a juicio oral y público por portación ilegal de arma que le fuese encontrada la madrugada del 14 de junio pasado en el convento de General Rodríguez.
Según fuentes judiciales, el juez de garantías de Moreno Gabriel Castro envió a juicio oral y público a López y ahora sólo resta que se lleve a cabo el sorteo del juzgado que realizará el debate.
La decisión del juez fue luego que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes confirmó la prisión preventiva contra López decretada en primera instancia por el juez Castro.
López está detenido por la portación ilegal de arma de fuego y también en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito en la que recibió dos procesamientos, uno por el hallazgo en su poder de casi 9 millones de dólares y también por la tenencia de su casa de Dique Luján, en Tigre.
El pedido de prisión preventiva en ésta causa había sido solicitado por la fiscal Alejandra Rodríguez, ante la presunción de fuga del exfuncionario, y es por el hallazgo de una carabina sig sauer calibre 22 que López tenía aquella madrugada en su poder.
Mientras tanto, López sigue siendo investigado por enriquecimiento ilícito al igual que su esposa, María Amalia Díaz, así como los presuntos testaferros Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, estos dos últimos quienes figuran como propietarios en distintas oportunidades de la casa de Dique Luján en Tigre.
Por otra parte, el próximo miércoles, el exsecretario de Obras Públicas será trasladado a Jujuy bajo un estricto operativo de seguridad, para ser notificado sobre su imputación en una causa por el presunto desvío de fondos que fueron girados a la organización Tupac Amaru.
El pedido para que López viaje de Buenos Aires a Jujuy fue presentado por el fiscal de Investigación Penal de San Salvador de Jujuy, Gustavo Araya, a cargo de la investigación por la presunta malversación de fondos que fueron girados a la Tupac Amaru, de Milagro Sala, para la construcción de viviendas sociales.
En esa causa judicial se indica que, de un programa federal que estipulaba la construcción de ocho mil viviendas, hubo dos mil que nunca se hicieron y, según Araya, en ese contexto se estima «una suma cercana a 800 millones de pesos de faltante».
