La Fiscalía de Ecuador firmó un acuerdo de cooperación con la empresa brasileña Odebrecht, que facilitará las investigaciones sobre el supuesto pago de sobornos a funcionarios ecuatorianos, pero que elimina cualquier chance de inmunidad para los acusados.
El fiscal general Carlos Baca informó en declaraciones a la prensa, al regresar anoche de Brasil, que en los últimos días también consiguió importante evidencia sobre este caso, del que seguramente surgirán nuevos involucrados.
La Fiscalía, tras varios meses de trabajo, «suscribió un acuerdo macro de cooperación con la empresa Odebrecht y con los ejecutivos y ex ejecutivos de la empresa», declaró.
Precisó que el convenio se circunscribe, exclusivamente, en «materia penal» y que hará posible que la Fiscalía ecuatoriana acceda a «todas las evidencias» que permitan «llevar ante la justicia a las personas que intervinieron en esta trama de corrupción transnacional».
«De ninguna manera y bajo ningún concepto, este convenio de cooperación suscrito con la empresa concede inmunidad a ninguna persona; absolutamente nadie será inmune a las acciones judiciales y legales que deba llevar adelante la Fiscalía», subrayó el fiscal general, según las agencias Reuters y EFE.
Baca precisó que, por el contrario, el acuerdo «somete a los operadores a prestar su colaboración en todas las fases procesales de los expedientes que estén, en este momento en curso o los que se abran en el futuro».
Señaló además que por la normativa interna, el contenido del convenio será mantenido fuera de los expedientes judiciales, y en reserva, con el único fin de garantizar que las indagaciones procesales y preprocesales sean exitosas.
«Iremos detrás de todas las personas que cometieron actos de corrupción e iremos a todos los lugares que sean necesarios para traer a los responsables ante la justicia», remarcó el fiscal, que fue dos veces a Brasil por el caso Odebrecht.
Las autoridades ecuatorianas impulsan una investigación sobre estos delitos, que hasta el momento ha dejado varios detenidos, entre ellos ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa y un familiar del vicepresidente Jorge Glas.
Aunque no dio mayores detalles sobre las nuevas pruebas logradas, Baca aseguró que «Odebrecht no sería la única empresa que está involucrada en una trama de corrupción entre empresarios privados y funcionarios públicos».
En paralelo, la fiscalía abrió otra investigación sobre un posible caso de delincuencia organizada en el proyecto Metro de Quito, de 1.500 millones de dólares y que está a cargo del consorcio integrado por Odebrecht y la española Acciona.
En diciembre pasado, Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, admitió que pagó sobornos a funcionarios de 12 países de la región para lograr contratos.
