Los representantes de 195 países tienen hasta el 11 de diciembre para realizar la titánica tarea de poner de acuerdo intereses de grandes potencias como Estados Unidos, la Unión Europea y China con las de economías emergentes –grandes y pequeñas– o diminutos Estados insulares amenazados de desaparición.
«Mi mensaje es absolutamente claro: Hay que acelerar el proceso porque queda mucho por hacer», dijo a la prensa el canciller francés Laurent Fabius, presidente de la COP21, es decir la 21ª Conferencia de las Partes.
Hace más de 25 años que la disputa de cómo repartir la responsabilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de ayudar a los países más vulnerables bloquea las negociaciones climáticas.
Según un negociador europeo, tras el espaldarazo inicial de 150 jefes de Estado y gobierno el lunes pasado, las reuniones volvieron a un ritmo «muy lento», ya que «cada cual se está aferrando a sus posiciones lo más posible».
Un informe de la organización de lucha contra la pobreza Oxfam reveló este miércoles que el 10% de la población más rica del planeta genera la mitad de las emisiones de combustibles fósiles causantes del calentamiento global, mientras que la mitad más pobre contribuye en un 10%.
Esa desigualdad federa a países en desarrollo -grandes y pequeños, desde India a Nicaragua- que siguen empujando por una «diferenciación» a la hora de reducir las emisiones de CO2 y convertirse a la economía verde.
El catalizador final
Al igual que Venezuela, Nicaragua se abstuvo de presentar su plan de acción nacional de reducción de emisión de gases responsables del cambio climático como ya lo hicieron más de 183 países sobre un total de 195.
Fabius admitió que los conceptos de «justicia climática» y «responsabilidad histórica» de los principales emisores que ya construyeron su prosperidad son argumentos recurrentes en las conversaciones.
Algunos consideran que un desbloqueo en ese rubro durante la recta final de negociaciones la semana próxima podrá ser el catalizador de un acuerdo.
«El financiamiento podría ser el acelerador que nos va a llevar a la línea de llegada», dijo Harjeet Singh, de la ONG ActionAid.
El jefe negociador estadounidense Daniel Reifsnyder deploró en una de las reuniones del miércoles que no se están «haciendo los avances necesarios en ningún punto».
«Pero hay que seguir haciendo el esfuerzo y esperamos que, quienes más han contribuido a este daño, más sean los que aporten», comentó a la AFP el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Desde 2009, está sobre la mesa que el Norte financie a partir del 2020 la reconversión al desarrollo sostenible del Sur, con un fondo inicial de 100.000 millones de dólares anuales.
Esta iniciativa ya se apuntaló en 2010 en Cancún con la creación de un Fondo Verde, que este año comenzó por ejemplo a financiar dos proyectos en América Latina, uno en la Amazonía peruana y otro del BID en toda la región con una fase piloto en México.
Sin embargo, el grupo de países en vías de desarrollo, G-77, fue este miércoles más allá, al reclamar en un comunicado un aumento «sustancial del financiamiento a partir del mínimo de 100.000 millones de dólares anuales de 2020».
¿Adónde va el dinero?
Además de los montos, en París se discute cómo se canalizarán estos mediante mecanismos transparentes para evitar que aterricen en bolsillos equivocados.
«El financiamiento es dinero, pero también es importante mirarlo como un proceso, como un rompecabezas que requiere elementos importantes para que funcione de manera efectiva», comentó Andrea Rodríguez Osuna, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA).
Reducción de la exclusión social, transparencia, construcción de capacidades y sobre todo la participación de la sociedad civil en el monitoreo de los programas verdes son partes fundamentales de ese rompecabezas.
En París, también se discute un mecanismo para rever el acuerdo negociado que entrará en vigor en 2020, que podría ser quinquenal y que está «generando una convergencia general», indicó Alden Meyer, de la Unión de Científicos Preocupados.
Según Sandra Guzmán, coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), la construcción de ese mecanismo de medición, reporte y verificación (MRV) es esencial «para garantizar que el financiamiento cumpla con los objetivos de mitigación y adaptación».
