Por Aldo Battisacco, desde Buenos Aires (Enviado especial)

El polémico proyecto de Participación Público Privada (PPP) fue el primero en ser tratado en la sesión de este miércoles y recibió aprobación por 151 votos contra 78 en contra y 6 abstenciones. Esto demostró que el cuarto intermedio que significo la vuelta a comisión  limó diferencias y se logró acordar muchas de las modificaciones que se habían señalado la semana pasada en el recinto.

De especial relevancia para algunos legisladores del Frente Renovador que habían adelantado que no lo votarían resultó la incorporación en el articulado que los contratos aludidos en la ley deberá contemplar un 33% de participación de bienes y servicios de origen nacional, algo con lo que Cambiemos buscó “llevar tranquilidad” a la CGT en la mañana de este martes cuando las autoridades de la Cámara se reunieron con los miembros  de triunvirato. Sin embargo, esto no alcanzó puesto que Héctor Daer, Facundo Moyano, Omar Plaini y Jorge Taboada, se abstuvieron.

Votaron junto al oficialismo, además del massismo y el bloque Justicialista, tres diputados del Frente para la Victoria-PJ, mientras que se opuso, además del kirchnerismo y la izquierda, el bloque Progresista. Entre los que faltaron a la cita se noto la ausencia de José Luis Gioja, Maurice Clossi y Felipe Solá, entre otros.

Al iniciarse el debate, el macrista Daniel Lipovetzky consideró que el proyecto “es una contribución a resolver los problemas de infraestructura que tiene nuestro país”, y recordó que en 2005 el entonces presidente Kirchner aplicó algo similar a través de un decreto.

Entre las reformas que sufrió el proyecto originario se destaca la aplicación de la ley de Compre Nacional, como también “la obligación de que en la provisión de bienes y servicios al menos el 33% debe ser nacional”. Y vaticinó que el proyecto permitirá «además de mayor obra pública, “también va a generar un impulso sobre la industria nacional y la pequeña y mediana empresa”.

El miembro informante ponderó las modificaciones introducidas en materia de controles y subrayó que para ello se creó una comisión bicameral de seguimiento con facultades no solo para seguir los procesos de PPP que se vayan avanzando, sino también la fiscalización y la obligación de las partes de concurrir a la bicameral a informar al menos una vez al año.

Axel Kicillof cuestionó con vehemencia  y se manifestó en contra del proyecto al que lo sindicó de «liberal» y señaló que la iniciativa es “de interés para el proyecto neoliberal que está implementando” el Gobierno, “de manera solapada”. El ex ministro consideró que “lo más grave es que no se le ha comunicado a la sociedad de qué se trata”.

Seguidamente denunció que “Se desnacionaliza, se desestatiza”,y “como está planteado el proyecto, casi cualquier obra y servicio que realizaría el Estado ahora va a aparecer como iniciativa privada”, aseguró, y arremetió contra la clausula que faculta la intervención de tribunales extranjeros en los litigios que puedan plantearse. Concluyó afirmando que “esta ley no sirve, mata a las pymes, mata al trabajo nacional”.

Pablo López del FIT secundo al ex ministro asegurando que el dictamen con modificaciones fue solo un “maquillaje”, porque “esta es una ley (planteada) ante la desesperación de que no vienen inversiones, para entregar los manejos a los extranjeros”, y aseveró que “los privados no van a poner un peso”, pero «si serán los que disfruten de la realización de esas obras. Y acuso al oficialismo “Este Gobierno va a hacer lo que hizo el Gobierno anterior: entregar la jurisdicción”, alertó.

Luego fue el turno de Carlos Heller (Solidario SI), quien dijo:“En el contenido central sigue siendo un proyecto que apunta a la privatización, a profundizar las políticas de privatización”, describió, y dijo que “este proyecto debería llamarse ‘proyecto de pérdida de soberanía nacional’”.

A continuación, el radical Luis Pastori defendió la postura oficial destacando que “es un régimen de contrataciones alternativo a los distintos regímenes que ya existen; no estamos derogando ningún régimen de los que actualmente tenemos”, sino que “estamos agregando un nuevo régimen a la pléyade de regímenes que existen en el derecho administrativo argentino”, y recordó que Néstor Kirchner también propuso una nueva norma de Participación Público Privada.

Respecto de la prórroga de jurisdicción, dijo que se trata de un “Arbitraje internacional, no jurisdiccional. y ratificó que no se estaba cediendo jurisdicción, es arbitral la cesión, no jurisdiccional”, aclaró, y pidió al kirchnerismo “que no agiten fantasmas que no existen”.

Abel Furlán tomó la palabra y dijo mantener serios reparos porque “no venimos a alimentar fantasmas”, sino a “manifestar nuestra preocupación respecto de las cosas que han sucedido en este Parlamento”. Citó que en su momento se había dicho que resolviendo el problema con los fondos buitre la Argentina conseguiría las inversiones necesarias para encontrar una salida a la crisis. “Nada de lo que se nos dijo como argumento para pagarles a los fondos buitre ocurrió, porque las inversiones no llegaron”, dijo, citando luego la ley de las autopartistas. En ese sentido leyó titulares publicados este miércoles referidos a las caídas en la industria y la construcción.

Puso en duda la efectividad de la cláusula que dispone que un 33% de la participación en las obras sea nacional y cuestionó la ausencia de las cámaras del sector en los debates en comisión. “Cuando se dice de parte del oficialismo que efectivamente se podrían haber introducido mayores cambios, pero que por más cambios que hubiéramos hecho, nosotros hubiéramos votado en contra, está admitiendo implícitamente que se le podían hacer más cambios”, deslizó.

El kirchnerista Guillermo Carmona habló de preocupación de los trabajadores e industriales argentinos frente a un proyecto porque “estamos ante la situación de que sin haber negociado ningún tratado con otro país, ningún tratado de libre comercio, se están estableciendo las mismas concesiones, privilegios para venir a la Argentina a tener situaciones de beneficio respecto de la industria nacional”. Consideró “calcados” algunos párrafos del proyecto PPP que los del tratado transpacífico.

Desde el interbloque UNA, Juan Brügge adelantó el voto positivo de su sector a la iniciativa, y destacó las modificaciones planteadas, considerando que “con esta ley hay un avance” respecto de otras leyes que hay en la Argentina, y puso como ejemplo la Ley Dromi, donde “no había la serie de controles que hay aquí”.

La diputada Graciela Cousinet (Libres del Sur) ratificó la oposición del bloque Progresista, por considerar que más allá de los esfuerzos para modificarlas, “que valoro”, dijo, sigue “siendo esencialmente lo mismo”. Tras ella, Darío Giustozzi pidió acompañar el proyecto y recordó “lo que han acompañado en los años 90” los que hoy se oponen, y les pidió recordar el alineamiento con el Consenso de Washington, “ramal que para ramal que cierra”, o el abrazo con el almirante Rojas.

A su turno, Myriam Bregman denunció que “se ha conformado una nueva mayoría que cogobierna la Argentina”, y aseguró que “ahora seguramente los gobernadores también estarán llamando a los diputados para que apoyen esta ley en el recinto”. Además, señaló que “es tan escandalosa la ley que hasta se la ha comparado con la Ley Dromi”, y estimó que “esto no se salva con los controles que se han establecido, porque no pueden controlar los que votan la entrega”.

El kirchnerista Alejandro Abraham consideró que esta es “la consagración directa del fracaso de la política del Gobierno”, producto de acuerdos “que se han hecho fuera de esta casa del pueblo”. Asimismo anticipó que “los capitales no van a venir, porque nadie le tiene confianza a un gobierno al que el pueblo no le tiene confianza”.

Otro oficialista, Fernando Sánchez, sostuvo que lo que no puede dejar de hacer el Estado es «regular y controlar». Al citar otras modalidades de contratación, citó la ley de concesiones, y recordó que los que la criticaron lo hicieron porque nació en los 90, pero “se olvidaron de la UNIREND”, en alusión al kirchnerismo, y citó las cuestiones oscuras que se dieron con esa norma».

Desde Cambiemnos, el diputado del Pro Eduardo Conesa dio la nota al expresar algunas contradicciones a la ley, referidas a la adjudicación “más conveniente” de la obra, por lo que propuso sin éxito que el artículo 15 establezca que en las licitaciones las ofertas se presenten en dos sobres; en uno, precisando las características del proyecto, y en el segundo el factor de adjudicación. “Tiene que ser una adjudicación indubitable, donde no haya dudas de quién es el ganador”, remarcó.

Respecto de la prórroga de jurisdicción, también la cuestionó, por considerar que eso es contrario a lo que establece la Constitución. Rechazó también que el financiamiento de las obras de autopistas sea a través de peajes. “Si queremos que la ley de PPP sea eficiente en la construcción de rutas y autopistas hay que establecer el sistema de la ley federal de autopistas, que financia una red de 13.400 kilómetros de autopistas que se financian con un impuesto al combustible, y de esta forma se permite fácilmente la financiación del sistema”.

El último orador fue el oficialista Eduardo Amadeo, que “a veces cuando oigo algunos de los argumentos que se dan en este Congreso (me pregunto si) están mirando afuera, si están mirando el país que tenemos”, y remarcó que “la verdadera soberanía es poder hacer lo que uno quiere porque tiene soberanía, pero también infraestructura, trabajo”. Porque «este proyecto es una fuente enorme de generación de empleo”.

«Con esta ley vamos a estar respondiendo a lo que la gente espera de nosotros: un país integrado, con trabajo y federal”, sentenció.

Foto: Conclusión

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