Día clave en la Legislatura provincial. Es que hoy se debate un paquete de medidas impulsadas por ambas Cámaras para combatir la inseguridad en la provincia. Entre ellas se encuentra la iniciativa del senador Lisandro Enrico para reformar el Código Procesal de la provincia.

Si estas medidas prosperan hoy podría ser un día determinante ya que distintos sectores políticos promovieron iniciativas para combatir la inseguridad en la provincia y además buscan optimizar el funcionamiento de las instituciones estatales en materia de investigación y juzgamiento de delitos.

Si prosperan estas propuestas los operadores judiciales tendrán más herramientas para poder ejercer las tareas con más celeridad, rigor y eficacia.

En este sentido, en la Cámara alta se está trabajando sobre un paquete de seis leyes para combatir la inseguridad, entre las cuales se encuentra la reforma del Código Procesal Penal de la provincia presentada por el senador Lisandro Enrico del Frente Progresista.

El sistema de medidas intenta revisar el funcionamiento del sistema penal y entre los puntos más importantes plantea agilizar la detención de personas en un término de 72 horas, prorrogable por 24 horas más, mayor control  y rigurosidad en las medidas en relación a la prisión preventiva, flexibilizar el otorgamiento de las prisiones preventivas y revisar algunos obstáculos penales.

Entre otros temas, también se tratará de agilizar el dictado de allanamientos, darle más facultades al querellante para poder intervenir en el proceso y la incorporación de reconocimiento fotográfico como medida autónoma.

También apunta a las apelaciones presentadas por los defensores para que no dejen sin efecto las resoluciones que establezcan la prisión preventiva hasta que se resuelva. Otro punto que se discutirá es que los fiscales tomen medidas con la incautación de fondos cuando se trata de delitos penales económicos y la obligatoriedad de los fiscales para que apliquen procedimientos de flagrancia en todos los casos.

En el mismo sentido, el proyecto busca establecer la aplicación  de sanciones cuando haya incumplimiento de medidas alternativas a la prisión y destruir las armas si en el término de un año no son reclamadas.