El abogado del juez de línea detenido por prostituir jugadores de las ligas inferiores de Independiente, fue aprehendido este fin de semana por «destruir a golpes de martillo» el celular de su cliente «para borrar evidencias», informaron las fuentes judiciales. Esta semana comenzarán a declarar las víctimas en Cámara Gesell.

Se trata del letrado Carlos Tomás Beldi, defensor del juez de línea Martín Bustos, quien fue detenido por “encubrimiento” horas después que su cliente. Ambas detenciones fueron ordenadas por la fiscal que investiga los hechos, la titular de la UFI 4 de Avellaneda María Soledad Garibaldi.

Por medio de la señal de ese mismo celular fue  que las fuerzas policiales lograron rastrear y dar con la ubicación de Bustos, que fue detenido en la localidad de Talar de Pacheco. Según se presume, el aparato almacenaba conversaciones y fotos de Bustos con las víctimas o eventuales clientes, que podrían ser utilizados como pruebas en la causa.

La justicia investiga la participación de Bustos en una red de prostitución de menores de las divisiones inferiores de Independiente, en la que habría actuado como facilitador otro futbolista de 19 años de la cuarta división.

Las víctimas son al menos tres jóvenes de entre 14 y 17 años que vivían en la pensión del club de Avellaneda, en Villa Domínico, donde viven actualmente 53 chicos de entre 13 y 19 años del interior del país.

Los hechos comenzaron a ser investigados por una denuncia realizada el martes por el propio club, cuando uno de los chicos contó lo que había sucedido.

Bustos, de 35 años, es abogado y ocupaba el cargo de secretario de Seguridad y Prevención de la Asociación Argentina de Árbitros. Ayer se supo que el padre del árbitro, Jorge Horacio Bustos, había sido condenado el año pasado por abuso sexual, por lo que dejaron Trenque Lauquen, donde vivían, y se instalaron en Escobar. Según fuentes judiciales, Bustos padre fue condenado por abuso sexual a tres años de prisión en suspenso e «inhabilitación de 10 años para conducir y/o realizar cualquier actividad donde estén inmersos menores de edad», vigente hasta abril de 2027, por hechos ocurridos cuando trabajaba como chofer de un micro de transporte escolar.