Detienen a un hombre presuntamente vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes

Agentes de la Policía Federal y del Ejército Mexicano detuvieron en la ciudad de Cuernavaca, estado central de Morelos, a un hombre presuntamente vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa en 2014, según informaron en un boletín de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

La Comisión indicó que el sospechoso está identificado como responsable de un grupo delictivo con presencia en Iguala, estado de Guerrero, integrado por varios hermanos detenidos en los meses de mayo, junio y diciembre de 2015.

A su vez, especificaron que seguimiento a labores de inteligencia e investigación se supo del paradero del hombre en un hospital de Cuernavaca, donde se implementó un operativo en que se lo detuvo sin realizar un solo disparo.

El sospechoso, de 37 años, tiene dos órdenes de aprehensión libradas por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud (narcotráfico), y por el Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guerrero por delincuencia organizada.

Fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), añadió la CNS.

Medios locales citados por Efe afirman que se trata de Víctor Hugo Benítez Palacios, líder del grupo criminal de los Tilos, señalado por el gobierno federal de haber iniciado la violencia contra los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

De tratarse de Benítez, se estaría desarticulando al grupo de los Tilos, afiliado a Guerreros Unidos y conformado también por cinco hermanos suyos ahora presos: Osiel, Mateo, Salvador, Reynaldo y Orbelín.

De acuerdo con la versión de la PGR, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías municipales corruptos en Iguala, Guerrero, y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en el municipio vecino de Cocula.

Este relato fue descalificado en los más duros términos por los familiares de los chicos, integrantes de investigaciones independientes que actuaron en el caso y varios organismos de derechos humanos, como la CIDH, al coincidir en que hubo graves irregularidades de procedimiento de parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.