En la jornada de ayer comenzaron las indagatorias a los imputados en la causa por la muerte y desaparición de Gerardo “Pichón” Escobar. En esta oportunidad el juez Marcelo Bailaque escuchó a uno de los policías implicados.
Se trata del efectivo Luis N., quien cumplía un servicio adicional en el boliche La tienda de Tucumán al 1100, donde había estado Escobar momentos antes de su desaparición.
La audiencia se realizó en la mañana de este martes y en la misma el imputado Luis N. declaró junto a su abogado defensor, José Luis Giacometti y ante el fiscal Federico Reynares Solari.
El imputado manifestó que realizó adicionales esporádicos en el boliche La Tienda durante un año. Además dijo que no conocía a la víctima y señaló la filmación del comercio del día del hecho que lo muestra sentado en una banqueta en el hall de ingreso al local donde se lo ve prácticamente dormido.
Esgrimiendo esa prueba, el imputado intentó desligarse de la agresión a Escobar aunque debió responder preguntas formuladas por su defensor para aclarar algunos puntos y otras que realizaron los funcionarios judiciales.
A pesar de ello, el fiscal lo acusó formalmente de desaparición forzada de persona y de formar parte del grupo de civiles y policías que cometió acciones que provocaron la muerte de Gerardo Escobar.
En la mañana de este miércoles, será el turno de la indagatoria para el patovica Cristian V., quien fue acusado desde el primer momento como el autor de los golpes que recibió la víctima, tal como lo muestra la imagen de una cámara ubicada en Tucumán casi Sarmiento donde se observa que Escobar es arrastrado entre unos autos estacionados.
En tanto, los custodios José Luis C. y César A. serán indagados mañana y el viernes será el turno del otro policía, Maximiliano A., quien cumplía adicionales en el boliche la noche del incidente.
En un principio, cuando la causa fue tramitada en la Justicia Provincial, el Patovica Cristina V, fue imputado de homicidio y el resto de los imputados fueron acusados de encubrimiento. Ante el pedido de los abogados querellantes y su insistencia que se trataba de desaparición forzada de personas por la participación del Estado a través de policías y civiles, la causa pasó a la Justicia Federal.
