Crisis en Cataluña: el Gobierno de Rajoy destituyó al jede de la policía catalana

El jefe de los Mossos d’Esquadra (policía catalana), el mayor Josep Lluis Trapero, fue destituido hoy de su cargo por orden del ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, quien asumió las competencias de esta área en Cataluña luego de la drástica intervención de la norteña región para frenar su secesión.

El despido de Trapero figura en la edición digital del Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado durante la pasada madrugada, junto con las demás medidas adelantadas ayer por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Constitución española, avalado por el Senado.

«Asumimos las competencias de Interior en Cataluña para velar por la legalidad. Sustituimos al mayor Trapero por su situación judicial», escribió hoy en su cuenta de Twiter el ministro Zoido.

Tras la decisión, la policía catalana publicó un tuit en el que asegura que «proteger y garantizar la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Continuamos trabajando con normalidad».

Se preveía que el jefe de la policía catalana fuese cesado a raíz de que está siendo investigado por una jueza de la Audiencia Nacional de España por un delito de sedición, penado con hasta 15 años de prisión, en relación con el referéndum de secesión celebrado el 1 de octubre en Cataluña bajo prohibición de la Justicia.

Por esta misma causa se encuentran encarcelados los líderes secesionistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de las organizaciones civiles Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, respectivamente.

Trapero se une -así- a otros tres altos cargos del área se seguridad destituidos en Cataluña, el responsable de Interior, Joaquim Forn, el secretario de Interior, César Puig, y al director general de los Mossos, Pero Soler, cuyos ceses se conocieron ayer.

Uno de los principales problemas que planteaba la intervención de Cataluña por parte del Ejecutivo español era precisamente el control directo de la policía autonómica catalana, un cuerpo de seguridad que quedó en el foco del conflicto de secesión tras su aparente inacción durante la votación del 1 de octubre, lo que llevó a una intervención violenta de la Policía Nacional y la Guardia Civil española contra los votantes.

Entre los Mossos d’ Esquadra es sabido que hay agentes favorables a la secesión de Cataluña, y que manifestaron extraoficialmente que no cumplirían las órdenes de los nuevos mandos nombrados por el Ministerio del Interior español.

También expresaron reticencia a utilizar la fuerza para cumplir las órdenes de las nuevas autoridades para remover de sus puestos a las autoridades catalanas si estas se negaran a dejar sus cargos después de haber sido también destituidos.

Tras la declaración ayer de la República catalana por parte del parlamento local y la aprobación en el Senado del paquete de medidas propuestas por el Ejecutivo para intervenir en Cataluña, Rajoy anunció la destitución del gobierno catalán y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.

De acuerdo con el real decreto publicado en el BOE, Rajoy asumió las competencias de la presidencia de la Generalitat -Ejecutivo catalán- y las delegó en la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aparece como la cabeza al mando del gobierno durante la transición hacia las elecciones regionales.

El resto de competencias del gobierno catalán las asumen los ministros de las áreas correspondientes.

Por lo tanto, será responsabilidad del titular de Interior español, Juan Ignacio Zoido, control a la policía catalana en un momento de máxima tensión policial y social, en el que cualquier rebeldía o incumplimiento de órdenes podría ser sancionado.

Las autoridades podrán imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios de Cataluña que no acaten la aplicación del artículo 155, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, según el texto de las medidas aprobadas.

Además, si se considera necesario, los cargos de la policía autonómica pueden ser sustituidos por policías nacionales o guardias civiles españoles.