Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires

La Senadora Silvina García Larraburu solicitó informes por las facultades extraordinarias conferidas al jefe de Gabinete en el Proyecto del Presupuesto 2017 y consideró: “Esta atribución, por parte del Poder Ejecutivo, soslaya el rol del Congreso en la definición de partidas específicas”.

Todo hace pensar que a partir de los dichos de la senadora Larraburu, que de la anterior imputación que se le formuló al Congreso de revestir el carácter de escribanía del Ejecutivo durante la administración Kirchner, se pasaría a una condición poco menos que preocupante a partir de la modificación que incorpora el Presupuesto 2017 en el artículo 51 que le otorga al jefe de Gabinete la posibilidad de «reestructurar partidas» orientándolas en el sentido que me mejor crea conveniente.

Según la senadora, “el otorgamiento de superpoderes por parte del artículo 51 en el proyecto presupuestario, es una herramienta muy peligrosa, ya que basta con la simple creación de una unidad ejecutora de programa, para reestructurar las partidas y desfinanciar áreas según la conveniencia política de turno; el  Congreso pasaría a ser un simple espectador”, advirtió.

Seguidamente, la senadora aludió que “esta facultad resulta contradictoria con el discurso del Gobierno de acotar los superpoderes”.

Y describió que de aprobarse la ley con la referencia del polémico artículo, las unidades ejecutoras especiales para gestionar planes, programas y proyectos de carácter transitorio, se terminarían financiando a través de la toma de deuda.

Por último destacó: “Permitir este tipo de maniobras es una irresponsabilidad institucional, las consecuencias de su manejo arbitrario convertirían al presupuesto en una simple fotografía, que no se condice con la realidad y que puede utilizarse para realizar cambios con fines meramente partidarios”, concluyó García Larraburu.