Por Nabih Yussef (*)

En una entrevista para Conclusión, la investigadora del CEIEP Delfina Caprile analiza el comercio ilegal de diamantes de sangre y la derogación de la Ley Dodd-Frank, que viene a desregularizar la compra de piedras preciosas africanas por parte de las principales empresas de tecnología y joyas de Estados Unidos.

Hasta hace poco tiempo, sólo las japonesas Nikon y Canon compraban diamantes sin certificación internacional. A partir del cambio de política exterior de Donald Trump sobre el comercio de diamantes, empresas como Apple, Phillips, HP o Motorola podrán comerciar en igualdad de condiciones con las gigantes japonesas, comprando piedras preciosas para sus productos electrónicos, provenientes de zonas en conflicto con trabajo infantil y tráfico de personas.

Al menos una decena de países africanos mantiene una explotación ilegal de diamantes, con importantes consecuencias para los derechos humanos en la región. Así se desprende del análisis de la investigadora, que señala entre éstos a Sierra Leona, Angola, Liberia, República Democrática del Congo y la República Centroafricana.

El comercio ilegal de estas piedras impide una estadística seria de los miles de millones de dólares que mueve el sector, sin embargo se cree que al menos tres de cada diez diamantes en circulación provienen de minas conflictivas.

El país más afectado por el conflicto que envuelve el comercio de diamantes, es la República Democrática del Congo, como se revela del mapa que grafica los distintos puntos de extracción de piedras y de otros metales preciosos.

Caprile se muestra pesimista con la gestión de Estados Unidos para frenar el comercio ilegal de piedras y la importación de las mismas. Sin embargo, se aventura a recomendar acciones que desde la sociedad civil se pueden emprender para evitar el consumo que sostenga a la extracción ilegal en el continente negro.

(*) Analista internacional, subdirector de www.CEIEP.org