El próximo jueves 28 de abril se realizará la audiencia será la audiencia en la que debe decidirse sobre la prisión preventiva de los ocho imputados en la causa que se sigue por la desaparición y muerte de la joven sanlorencina Paula Perassi.

La audiencia se llevará adelante en los Tribunales Provinciales de Rosario, en Balcarce y Pellegrini, y será presidida por el juez de Sentencia Carlos Carbone,

Los ocho procesados fueron puestos en libertad en agosto pasado, por una resolución del juez Adolfo Prunotto Laborde, quien resolvió que los mismos podrían esperar el juicio en libertad.

Sin embargo, y luego de un recurso interpuesto por  la querella y el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló el fallo en cuestión por «falta de fundamentos». Los cinco integrantes del supremo tribunal provinical resolvieron de forma unánime «declarar procedente el recurso interpuesto y en consecuencia anular el pronunciamiento impugnado». 

Luego de expedirse en esos términos, la Corte remitió la causa para ser analizada por un nuevo tribunal que deberá decidir si los acusados vuelven a prisión o continúan el libertad.

En eses sentido, uno de los abogados de la familia, José Ferrara declaró que: «Vemos esta instancia como una nueva posibilidad de que se haga justicia en el marco de esta prisión preventiva. Nosotros lo que pretendemos es que cada uno de los imputados vuelva a prisión porque consideramos, no sólo que estamos ante una organización criminal, sino que cada uno de ellos desempeñó una participación directa en la desaparición y muerte de Paula Perassi».

Paula Perassi, de 34 años,  oriunda de la vecina localidad de San Lorenzo, desapareció el 18 de septiembre de 2011, cuando salió de su casa presuntamente «para buscar la tarea de uno de sus hijos». Al momento de su desaparición se encontraba embarazada.

Luego de una enrevesada investigación que llenó de dudas e incertidumbres  a los familiares y la comunidad, la línea investigativa más fuerte abona a la teoría de que fue secuestrada,  y obligada a practicarse un aborto contra su voluntad, que habría terminado con su vida. Por esos crímenes, se encuentran procesados Gabriel Strumia y su esposa, Roxana Michl y Mirta Rusñisky, señalada como la persona que practicó el aborto, y cinco funcionarios de al fuerza policial, Aldo Gómez, Ramón Godoy, María José Galtelli, Jorge Krenz y Adolfo Daniel Puyol, por el encubrimiento y entorpecimiento de la investigación.