Casanello indagará a Báez y a sus hijos tras recibir información de Suiza

El juez federal Sebastián Casanello ordenó 27 declaraciones indagatorias, entre ellas las del detenido Lázaro Báez y sus hijos, tras recibir una confirmación desde Suiza sobre la existencia de multimillonarias transferencias en cuentas bancarias vinculadas a ellos, en la causa por lavado de activos por la que el empresario está detenido desde hace más de un año.

Casanello dispuso ampliar las indagatorias a Báez y sus cuatro hijos pero, además, ordenó interrogar a nuevos acusados en la causa, a quienes inhibió bienes y prohibió salir del país, según la resolución del magistrado.

A raíz de esta resolución, el empresario santacruceño deberá ser trasladado desde la cárcel de Ezeiza para ser indagado el próximo 6 de junio a las 10 y sus hijos Leandro, Luciana, Melina y Martín tendrán que presentarse el 28 de este mes y el 2, 3 y 4 de mayo próximo, respectivamente.

«Debe mencionarse aquí la incorporación de una nueva prueba fundamental al legajo: la respuesta parcial de las autoridades de la Confederación Suiza al pedido de cooperación librado en el marco de esta investigación», advirtió el magistrado al reseñar que llegó al juzgado un sobre con un «pen drive» que contiene información encriptada.

La información está «vinculada a las cuentas número 608741 y 608742 del Banco J. Safra, correspondientes a Marketing & Logistic Management SA y SGI Argentina SA (Panamá), respectivamente, y número 1.1.57995 (01.333.0001 en dólares y 01.978.0001 en euros) del Banco PKB Privatbank SA, también perteneciente a la última sociedad nombrada», señaló.

Estos datos confirman un informe remitido al juez por la Unidad de Información Financiera (UIF) el año pasado que daba cuenta de la existencia de cuentas con unos 20 millones de dólares depositados a nombre de los hijos de Báez en Suiza, motivo por el cual el juez ya los indagó aunque no resolvió sus situaciones procesales.

Además, se aludiría a viajes a ese país hechos por al menos dos de los hijos del detenido empresario, Luciana y Martín.

«Sin perjuicio de que dicha información debe ser traducida al español, un examen preliminar -que no se agota aquí- permitiría corroborar la hipótesis de que Suiza ha sido parte de la ruta que se habría utilizado para canalizar los fondos ilegalmente obtenidos» en un avance que calificó como «crucial» en la causa, agregó Casanello.

La ronda de indagatorias se abrirá el próximo 27 con el ex marido de la vedette Ileana Calabró, el financista Fabián Rossi, ya procesado en la causa y cerrará con el detenido Báez el 6 de junio próximo.

Casanello ordenó además la inhibición general de bienes para los nuevos indagados y les prohibió salir del país.

La medida recayó sobre Daniel Bryn, Jorge Cerrota, Juan Pisano Costa, Alejandro Costa, Cristian Delli Quadri, Martín Rosata, Santiago Carradori y Eduardo Castro, entre otros.

Carradori es un financista que ya sufrió allanamientos en la causa por parte de Casanello y fue gerente del Enargas durante la gestión del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, en el kirchnerismo.

También será indagado Roberto Jaime Erusalimsky, un empresario que ya fue investigado por la compra al arrepentido valijero Leonardo Fariña de campos en Mendoza, en una maniobra que también fue vinculada al lavado de dinero.

En la causa están detenidos con prisión preventiva Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y su abogado Jorge Chueco.

Todos fueron citados nuevamente ahora por el magistrado, al resolver la nueva tanda de indagatorias luego de un pedido del fiscal del caso, Guillermo Marijuán, y tras una orden de la Cámara Federal que dispuso avanzar sobre la llamada «ruta del dinero» en la pesquisa abierta tras la difusión de una filmación donde Martín Báez y otros acusados contaban millones de dólares en la ex financiera SGI, conocida como «la Rosadita», en Puerto Madero.

En la causa se investiga el origen del dinero vinculado a maniobras de lavado de activos en relación a delitos cometidos con la adjudicación de obra pública a Báez y su grupo empresario durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

«En este contexto, tampoco debe pasarse por alto» que el fiscal Marijuán «también se encuentra a cargo de la investigación de los hechos que conforman la causa número 7814/16, iniciada a raíz de una denuncia de varios diputados nacionales en la que solicitaron se investigue a Ángelo Calcaterra y a quienes resulten socios de IECSA por la relación comercial que unió a esta y a Austral Construcciones S.A», agregó Casanello en su resolución.

Los denunciantes «sostuvieron que resultaba difícil suponer que Lázaro Antonio Báez haya podido llevar adelante, a través de sus empresas, las maniobras financieras que se encuentran actualmente bajo investigación en la presente causa, sin el consentimiento o incluso la complicidad de su socia IECSA, con la cual conformaba uniones transitorias (UTES) para la ejecución de múltiples obras públicas o bien alternándose en el rol de contratista y subcontratista», concluyó.

Báez está procesado por lavado de activos a raíz del hallazgo del dinero en «La Rosadita» y además tiene abiertas otras causas, entre ellas las que lo involucran en el direccionamiento de la obra pública a favor de sus empresas durante el kirchnerismo y en el pago de sobornos mediante alquileres de propiedades de la ex familia presidencial por medio de la sociedad «Los Sauces».

En estas últimas dos causas el detenido empresario también está procesado, al igual que la ex presidenta Cristina Kirchner.