Por Fabrizio Turturici

El concejal de Rosario por la Unión Cívica Radical, Jorge Boasso, fue a fondo en torno de los subsidios de los que disponen los senadores provinciales: presentó un amparo en el Poder Judicial que fue aceptado y disparó contra el gobernador Miguel Lifschitz, ex senador provincial. En diálogo con Conclusión, fue contundente al decir que “lo que hizo (Miguel) Lifschitz con los subsidios del Senado, es corrupción política”. El edil reclama que se informe qué hacen los senadores con tantos subsidios.

En medio de un caluroso contexto que levantará polvareda política, el edil solicitó un recurso de amparo que fue admitido por la Justicia, para que la Cámara Alta “informe sobre el destino de los fondos públicos”, luego de las denuncias mediáticas que había realizado en el programa Periodismo Para Todos.

“Se trata de 135 millones de pesos que figuran en el presupuesto provincial y que van dirigidos a cada uno de los 19 senadores, más el vicegobernador, donde cada uno dispone de 6 millones y medio para distribuir subsidios de manera arbitraria. ¿El destino de esos subsidios? No lo sabemos, es justamente lo que pedimos”, agregó Boasso.

Por otro lado, cargó duro contra el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, al decir que “distribuyó en toda la provincia y para su campaña los fondos que eran de la ciudad a la que representaba”.

Sobre la información pública que brinda el Senado en este sentido, el edil radical exclamó: “Exijo el listado total, porque el que subieron a la web es parcial: no están los subsidios individuales a personas físicas, solamente hay instituciones y no sabemos si son todas o faltan. Tampoco conocemos el importe o el monto, así que es imposible de controlar. Pongo en duda algunas instituciones, creo que algunas son truchas. Todo eso lo verificaremos judicialmente”, continuó.

—¿Qué rótulo le pone a esto?

—Que es caja política, no queda ninguna duda. Habrá que ver luego si existe corrupción delictual. Lo que hizo Miguel Lifschitz, que el año pasado para su campaña otorgó subsidios a lo largo y ancho de la provincia, con los fondos que deberían haber sido atinados a Rosario, es corrupción política. Si hay otros casos de distintos senadores, que además de caja o corrupción política configuran algún delito, porque la plata se la comieron ellos o porque hubo otra circunstancia, será motivo de las investigaciones profundas que estarán por venir.

—¿Afirma, entonces, que lo de Miguel Lifschitz fue corrupción política?

—¿Y qué te parece? Fueron cinco millones de pesos que se le otorgaron como senador por Rosario para distribuir en subsidios para esta ciudad, y como candidato a gobernador, entre enero y junio del año pasado, lo distribuyó por toda la provincia: Vera, Tostado, Correa…

—A partir de la denuncia mediática que hizo en PPT, ¿cambió algo?

—No. Antes de meter la acción judicial y mediática, yo había enviado notas solicitando información y nunca me las respondieron. Pasaron cuarenta días hasta que metí la acción de amparo.

 

Antecedentes del caso

El pasado domingo 7 de agosto, Jorge Boasso denunció en el programa de Jorge Lanata que se emite por Canal Trece, Periodismo para Todos, que los senadores disponían de subsidios para repartir a su arbitrio. La declaración mediática se dio luego de que el edil rosarina de la Unión Cívica Radical solicitara información sobre esto, sin respuesta alguna por parte del Senado Provincial. Más tarde, cuando el caso se mediatizó y judicializó, emitió un recurso de amparo para que la Cámara Alta brinde información certera sobre el destino de los fondos públicos.

La presentación quedó asentada en el Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de la 18va Nominación de Rosario y en el texto solicita “que remitan copia de los decretos internos 133/2012 y 134/2012 por medio de los cuales se ha creado el pseudo Programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores”. Dicha demanda ha sido admitida y la Cámara de Senadores deberá responder en un plazo de 5 días sobre lo solicitado en la misma.

«Cualquier política dirigida a obstaculizar el acceso a información relativa a la gestión estatal, a la que tienen derecho todas las personas, tiene el riesgo de promover la corrupción dentro de los órganos del Estado debilitando así las democracias», termina el comunicado.