Este jueves por la noche se sumó un nuevo capítulo en la investigación que conduce el fiscal Roberto Apullán por irregularidades en el D4, el departamento de Logística de la Policía, causa en la que fue imputado el ex jefe de la fuerza Rafael Grau. En este caso, el fiscal ordenó un allanamiento en la sede del Ministerio de Seguridad, en calle Primera Junta al 2800.

El procedimiento fue realizado  a las 21.30, por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de Asuntos Internos, y se llevó a cabo puntualmente en la Oficina de Habilitación de la Jefatura de Policía donde funciona también en la oficina de Administración y Finanzas de la Policía de la Provincia. 

Durante el operativo fueron secuestradas computadoras y documentación relacionadas a la causa en la que están imputados, además de Grau, otros dos policías y cinco civiles.

Imputaciones

De los tres policías, uno está actualmente retirado de la fuerza, pero era el jefe de la Policía de la Provincia al momento de los hechos que se investigan. Se trata de Rafael Grau de 54 años.El otro policía detenido también es un hombre mayor de edad (42 años) de apellido Villalba, quien actualmente -y al momento de los hechos que se investigan- es el habilitado de la Jefatura de la Policía de la Provincia. En tanto, el tercer policía detenido es de apellido Leiva de 50 años, quien al momento de los hechos investigados era el jefe del Departamento Logística de la Jefatura de la Policía de la Provincia.

En relación a los civiles, se trata de un hombre de 41 años cuyas iniciales son AB y su hermana de 39 años, cuyas iniciales son NB. También fueron imputados otros tres hombres cuyas iniciales son FJT de 40 años; ADS de 39 y RER de 28.

Delitos

En relación a los policías investigados, las imputaciones fueron las siguientes:

  • Rafael R. Grau: miembro de una asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con la coautoría o participación necesaria en defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en 16 oportunidades.
  • J. M. Leiva: ser miembro de una asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con la participación necesaria de defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en 16 oportunidades.
  • A. H. Villalba: ser miembro de una asociación ilícita en carácter de jefe y organizador, en concurso real con la autoría o coautoría de defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en 16 oportunidades.

En cuanto a los civiles, FJT fue imputado como miembro de una asociación ilícita en carácter de jefe y organizador, mientras que NB (mujer) fue imputada como miembro de una asociación ilícita en carácter de organizadora. En ambos casos, el delito fue atribuido en concurso real con la participación necesaria en defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en 16 oportunidades.

Por su parte, AB, ADS y RER fueron imputados como miembros de una asociación ilícita en carácter de integrantes, en concurso real con la participación necesaria en defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en 16 oportunidades.

Maniobras

La investigación que dirige el fiscal Apullán se inició el miércoles 4 de mayo de 2016 y contó con la colaboración del personal de la dirección de Asuntos Internos de la Policía Provincial. Las tareas del fiscal del MPA comenzaron a raíz de una presentación realizada en la Fiscalía por el propio ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, en la que indicó que recibió un sobre cerrado con una denuncia anónima referida al tema.

Los delitos que investiga el fiscal son maniobras defraudatorias en perjuicio de la administración pública, relacionadas con el arreglo y cambio de repuestos de móviles policiales de la Jefatura de la Policía de la Provincia, en la que estarían involucrados funcionarios policiales y particulares.

De acuerdo a lo informado por el fiscal Apullán en la audiencia, el perjuicio patrimonial producido a las arcas públicas fue de 96.616,37 pesos. Según se encargó de remarcar el fiscal en reiterados momentos en la audiencia, ése monto es lo verificado al presente estado de la investigación.