Por Florencia Vizzi
Este miércoles un largo derrotero judicial de una causa que comenzó como intento de desalojo a una mujer de 74 años, tuvo un importante giro judicial al concretarse varios allanamientos a dos abogados y tres escribanos que están sospechados de haber llevado a cabo diversas maniobras fraudulentas y cuyas derivaciones podría incluso llevar hasta las figuras de lavado de activos y asociación ilícita.
El inicio de la historia se remonta a varios años atrás, cuando en el año 2000 falleció Nélida Paredes, única dueña de una propiedad ubicada en Cerrito al 1200. Nélida era soltera y no tenía hijos. Sólo tenía a su amiga Francisca, quien la acompañó toda la vida y la cuidó durante los años de enfermedad. Antes de morir, Nélida le dijo a Francisca que, después de su partida, quería que ella se quede con la casa, ya que era la única persona a quien se la quería dejar.
«Cuando Nélida Paredes fallece, Francisca hace esto y empieza a comportarse como dueña de la casa, a pagar los impuestos y hacerse cargo del cuidado de la propiedad», relató a Conclusión, Belén Mesino, representante legal de Francisca.
Pero, en el año 2016, Francisca Solís tomó conocimiento de la existencia de un supuesto heredero que incluso, habría hecho una venta de la propiedad y que estaban intentando desalojarla. A partir de allí, comenzó un proceso de investigación y un espinoso camino judicial ya que, a pesar de las contundentes pruebas presentadas ante la Justicia, igual se ordenó el desalojo que se hizo inminente a principios de noviembre.
La letrada señaló que la declaratoria de herederos, que el juez de Distrito en lo Civil y Comercial de la 10ª Nominación dictó a favor de un tal Juan Carlos Paredes no coincidía con los datos de la partida de nacimiento. «En teoría, un supuesto hijo había hecho una venta de la casa. Y entonces empezamos a averiguar quien heredaba a Nélida Paredes y detectamos una declaratoria de herederos fraudulenta, en la cual no coincidían los datos de la declaratoria con lo expedido en el Registro Civil. Esa persona que decía que era hijo de Nélida, y que acreditaría el vínculo materno filial, no existía. Y de ahí, las sucesivas escrituras públicas, también fraudulentas, que se hicieron para dar una apariencia de legalidad y para que el tercero que ahora le exigía la propiedad a Francisca y la quería desalojar, aparezca como un tercero de buena fe ajeno a todo, porque esa es la intención de las escrituras», detalló Mesino.
En cuanto a las escrituras nombradas, se supone que el falso heredero de Nélida Paredes habría vendido la propiedad y esta persona, a su vez, también habría concretado una segunda venta. Por eso, entre la documentación que se analiza ahora penalmente, y que llevó a los allanamientos a dos escribanías, se presentaron dos escrituras públicas que serían falsas. Y eso es algo que, tanto la damnificada como su abogada vienen intentando demostrar desde hace largo tiempo. «Como es posible que haya dos procesos de compra de esa vivienda, a la cual nunca nadie visitó, ni se dio aviso ni nada, es realmente raro».
Es justo decir que los avances de la causa se consiguieron por la insistencia de Francisca y su apoderada legal, ya que para el Juzgado de Circuito Nº 1 de Rosario, no había irregularidades y el desalojo era practicamente un hecho. Así es que Francisca presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investiguen las posibles maniobras fraudulentas, la falsficación de documentos públicos y posiblemente, asociación ilícita y lavado de activos, aunque no es un dato menor recalcar que la presentación en el fuero penal se hizo en el año 2016 y permaneció frenada durante todos estos años.
«Creo que toda esa demora se debe a que recayó sobre una fiscal totalmente incompetente, que desestimó la denuncia y archivó todo, con absoluta irresponsabilidad. En el 2019, avanzado ya el desalojo, le corremos vista nuevamente a la fiscal y vuelve a expedirse sin decir nada», relató Mesino. «Estimo que ni abrió el expediente porque ahí estaban a la vista todos los ilícitos. Por suerte, la investigación finalmente terminó en manos de una fiscal competente en lavado de activos y ahí tomó el caso la fiscal Valeria Haurigot, de la Unidad de Investigación y Juicio. Y fue realmente ahí cuando empezó la investigación y se pudo comprobar todo lo que veníamos denunciando».
Allanamientos
El desalojo a Francisca Solís se suspendió al filo de la fecha en que iba a realizarse. El juez de circuito convocó a una audiencia que se llevó a cabo el 25 de noviembre y ahí se decidió la suspensión hasta tanto se expidiera la Cámara de Apelaciones y la sentencia quede firme.
Ahora, lo que está avanzando es la causa penal por fraude, falsificación de documentos y lavado de activos. «Todos esos allanamientos se hicieron en base a la cantidad de pruebas y documentación que le llevamos a la Fiscalía», remarcó la abogada.
Los procedimientos que se hicieron en la mañana de este martes fueron concretados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a 6 domicilios de la ciudad de Rosario, entre los que se cuentan escribanías y estudios jurídicos. En San Martín al 700 se allanó el estudio de la escribana Roxana V. P., quien, según la abogada Mesino, es quien intervino en la primera escritura fraudulenta ya que quien vendió es quien decía ser hijo de Paredes y no lo era. Otro de los domicilios es el de la escribanía de Verónica F., que es quien intervino en un poder general que otorgó un tal Rabinovich, quien sería el actual «propietario» (en papeles) de la vivienda a favor de un tal Juan Carlos Gómez, que es el principal investigado en la causa porque, de acuerdo a su relato, todo confluye detrás de él. «En realidad, señaló la abogada, nosotros creemos que es el responsable de la maniobra y está sospechado de lavado de activos y adulteración de documentos».
También fueron allanadas propiedades en Rouillón al 1500, que pertenece al abogado Martín G P. y en La Paz al 400, donde tiene su estudio otro abogado, Sebastían P.
Además se hicieron procedimientos en Zeballos al 2600 y Alvear al 1500, fincas que pertenecería a los supuestos compradores, Víctor C. y Fernando R., y también fue allanado el escribano Eduardo Martín Torres, quien en breve irá a juicio por su participación en la conocida «megacausa inmobiliaria».
En todos los casos se solicitó secuestro de documentación de interés para la causa y vinculada a personas investigadas, relevamiento de sistemas informáticos utilizados.
