La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico pidió que «se retomen las campañas para lograr la separación Estado-Iglesia Católica» y denunció que esta institución religiosa «pretende mantener sus privilegios políticos en medio de la pandemia» cuando pide «el reinicio de misas» dentro de la cuarentena administrada o solicita «el diezmo virtual».
«La emergencia sanitaria dispuesta por el Ejecutivo Nacional no disminuye los efectos nocivos que la Iglesia Católica causa a la sociedad en materia de libertad religiosa y financiamiento económico», comienza diciendo el comunicado titulado «Que Dios se los pague o La libertad religiosa en contexto de cuarentena».
El texto advierte que «la cúpula (católica) fue la primera en solicitar excepciones y vulnerar el principio de separación Estado-Iglesia de precaria vigencia pero existente» y pidieron que «que se retomen las campañas para lograr esta separación en todos sus aspectos».
«Reuniones como las que mantuvieron miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Argentina con autoridades públicas nacionales y provinciales sirven para observar cómo pretenden mantener sus privilegios políticos en medio de la pandemia», afirman.
Los sobrevivientes cuestionaron además que el vicario castrense Santiago Olivera haya «‘paseado’ por el aire dos imágenes de vírgenes con la intención de bendecir a la población con motivo de la pandemia», utilizando para ello «un helicóptero del Ejército Argentino».
«Este acto fue replicado por curas párrocos de diversos lugares que rompiendo la cuarentena han paseado en vehículos imágenes e invitado a sus feligreses que las toquen. Numerosos testimonios de diferentes lugares del país dan cuenta de esto», agregaron.
También, consideraron una muestra de «actitud desaprensiva» la solicitud de la Conferencia Episcopal «para que incluya en la ‘cuarentena administrada’ el reinicio de las misas».
«Entendemos que esta solicitud es claramente extemporánea e irresponsable si se tiene en cuenta el riesgo que una aglomeración de personas puede tener, aunque sea en menor cantidad. Las misas como hecho religioso y por ende cultural, pueden esperar como otros encuentros deportivos y artísticos por ejemplo», dijeron.
Por otro lado, cuestionaron que mientras el país atraviesa un «confinamiento social con economías familiares amenazadas o bien arrasadas», las autoridades religiosas, sacerdotes y equipos de pastoral «no tienen el menor prurito en solicitar a sus feligreses el pago del ‘diezmo virtual’, mediante transferencia bancaria u ofreciéndose a retirar por los domicilios el efectivo».
Además, volvieron a pedir que «se derogue la ley 21.950 del genocida Videla» que estableció para la jerarquía eclesiástica (obispos y arzobispos) una asignación mensual equivalente al 80% de la percibida por un juez nacional de primera instancia; y que con lo ahorrado «se cree un fondo destinado a paliar los gastos de la salud pública con motivo de la pandemia».
Asimismo, solicitan al Ejecutivo Nacional que se emplace a la Conferencia Episcopal para que haga «rendición de cuentas con carácter de declaración jurada, e información pública referida a la ayuda que llevan a cabo, si existiera» y que «se notifique vía diplomática al papa argentino su responsabilidad de solventar, mediante el Banco Vaticano, las necesidades económicas del clero a su cargo».
