La Red Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina expresó hoy «su máxima preocupación por la dilación en la toma de decisiones» por parte de la fiscal y la jueza que entienden en la causa contra el cura Eduardo Lorenzo por abuso sexual infantil, tras conocerse las pericias psicológicas que lo describen como poseedor de «rasgos psicopáticos, perversos, narcisistas y obsesivos”.
En una carta pública, la Red cuestiona el accionar de la fiscal Ana Medina y la jueza de Garantías Marcela Garmendia y «responsabiliza al poder judicial bonaerense» por las consecuencias que puede traer esta dilación en «la seguridad física y emocional de los sobrevivientes, testigos y familiares».
También apunta al «incumplimiento de convenciones internacionales sobre derechos humanos», la «posible fuga del Lorenzo» y «todo acto que devenga de la inacción del mismo» como «potenciales nuevas víctimas», ya que el denunciado «lleva tres décadas abusado adolescentes».
En ese sentido, la Red advierte que los resultados del informe psicológico de la Oficina Pericial Forense bonaerense hacen de Lorenzo «un sujeto peligroso que está suelto por las calles de La Plata»
«Esta Red viene denunciando en forma sostenida su accionar de amedrentamiento a los denunciantes, denuncias contra medios de comunicación, descalificación y demostración de poder», dijeron y agregaron que a esto se suma «la permanente complicidad de la Jerarquía de la Iglesia Católica, reflejada en las acciones y declaraciones de los arzobispos Héctor Aguer y Víctor ‘Tucho’ Fernández».
El abogado querellante Juan Pablo Gallego aseguró ayer que la pericia a Lorenzo fue «contundente» y lo deja “a un paso de la cárcel”, algo que ya fue solicitado por la querella.
El sacerdote fue denunciado en 2008 por cinco jóvenes por abusos cometidos cuando eran menores de edad, pero la investigación fue rápidamente archivada sin siquiera citarse a las víctimas, explicó Gallego, quien en marzo de este año se hizo cargo de la querella y solicitó que se vuelva a activar.
Héctor Ernesto Vogliolo, fiscal general de La Plata, reabrió la investigación, pero el imputado “intimidó e interceptó a cada testigo que fuera a declarar en su contra, entorpeciendo el proceso judicial”, según Gallego.
A la causa se agregó un Informe de la Dirección Nacional de Migraciones que indicaría que Lorenzo “entra y sale permanentemente del país acompañado por jóvenes de sexo masculino, eligiendo destinos de playa en Brasil e islas del Caribe”.
