Imparable escalada de piquetes: otra señal de un horizonte sombrío

Por Roberto Chiti*

Hay que remontarse a junio de 2015 para encontrar un mes en el que se registraran más de 700 piquetes en Argentina. Por segundo mes consecutivo en lo que va de 2021, se ha superado esa cifra: 703 en septiembre, y 708 en octubre, revela el nuevo informe de Diagnóstico Político.

Ambos records mensuales, lejos de representar casos aislados, son más bien los picos – hasta el momento- de una curva que ha ido en imparable ascenso durante un año en el que ya se cuentan 5.128 bloqueos. La notable escalada no sólo implica un salto con relación al año pasado 4.504 piquetes en todo 2020, sino que, de mantenerse la progresión, se podría llegar a equiparar el registro de 2014/15/16, que son los años de mayor cantidad de piquetes, con más de 6.300 cortes.

La magnitud de estas cifras pone de manifiesto al menos dos cuestiones relevantes. La primera, es que la crisis socioeconómica, que es el principal (aunque no el único) caldo de cultivo de la conflictividad que se traslada a las calles, se sigue agudizando de manera incontenible. A tal punto que las organizaciones sociales, muchas de las cuales son aliadas del gobierno y cuyos referentes ocupan cargos en la estructura estatal, se consolidaron como el actor que ha provocado la mayor cantidad de piquetes durante todo el año.

Para peor, la antesala electoral acentuó las internas entre las distintas vertientes de organizaciones oficialistas, a la vez que activó todavía más a las no oficialistas, aliadas éstas en general con los partidos de izquierda.

Lo cierto es que al no haber ningún indicio que permita vislumbrar una recuperacióneconómica en los próximos meses, sino que, por el contrario, cabe esperar mayores turbulencias aún luego de la “fiesta” de anuncios y medidas electoralistas -con una muy posible devaluación y salto inflacionario-, la dinámica propia del accionar de las organizaciones piqueteras presagia un fin de año de alta tensión social y posible convulsión en las calles.

El segundo aspecto tiene que ver con la respuesta oficial ante el ataque sistemático que sufre la mayoría de la ciudadanía a su derecho a transitar libremente por la vía pública.

Dicha respuesta hace años que oscila entre la inacción o la complicidad de las autoridades, según sea el signo político del que gobierne el distrito en cuestión. Debe resaltarse que la práctica del piquete no es patrimonio exclusivo de organizaciones sociales: fuerzas partidarias de izquierda, organizaciones sindicales, y hasta vecinos autoconvocados recurren al corte de calles para manifestar reclamos sectoriales, pujas internas, protestar por hechos puntuales o simplemente mostrar poder.

Todo lo cual parece conducir a una conclusión lógica: de no mediar un cambio radical en la clase política, gran parte de la sociedad deberá resignarse a seguir siendo rehén de los extorsionadores de turno y víctima del caos y el desorden público. Con lo que ello implica para el conjunto en términos de tiempo perdido, costo económico y todo otro tipo detrastornos.

El círculo vicioso entre clase política y sociedad cómplice

Pareciera entonces que la problemática del piqueterismo ya está naturalizada en buena parte del país, y la escena de las principales avenidas del centro de la ciudad colapsadas, o los accesos bloqueados, ya son una postal cotidiana con la cual inexorablemente convivir.
Podría incluso argumentarse que, en el contexto de la Argentina pauperizada de las últimas décadas, esto no representa un problema de los más graves.

El tema es que sí lo es, en cuanto conforma parte del proceso más general y nocivo, de degradación cívica, social y cultural. Los más de 65.000 piquetes registrados en los últimos 12 años constituyen un indicador más del fracaso colectivo que torna cada vez más lejana la construcción de un proyecto de desarrollo viable. La pérdida del respeto recíproco y el espíritu de convivencia se transformaron en costumbres, en el sentido inverso al que Tocqueville les asignaba a éstas como fundamentos de la sociedad democrática

Pero el cuadro de situación es todavía más lapidario, cuando desde el mismo Estado se propicia y legitima la ilegalidad, alimentando un círculo vicioso interminable.

Debe reiterarse, aunque suene inverosímil: los líderes de las organizaciones que impiden de manera violenta a los ciudadanos ir a trabajar o a estudiar, no sólo reciben como recompensa millonarias sumas de fondos públicos de los gobiernos circunstanciales sino que, además, actualmente ocupan cargos de máxima importancia en ministerios nacionales y provinciales.

La interconexión de fenómenos es evidente, y sólo un necio podría negar la coherencia ideológica que ha identificado a los gobiernos kirchneristas en su aversión al Estado de derecho y las instituciones republicanas. Promover los piquetes es un eslabón más en la secuencia de ilegalidad desplegada desde los inicios de ese movimiento político, que en la actualidad se ve claramente asociado con otros hechos de carácter similar en cuanto atentan contra la seguridad y el orden público: la liberación masiva de delincuentes, y la complicidad con las tomas de tierras o con los ataques en el sur de grupos terroristas que disputan la soberanía nacional argentina.

El último año y medio en particular, ante los condicionamientos que implicó la pandemia, quedó en evidencia de manera palmaria esa cosmovisión perniciosa y, para colmo, contradictoria. Mientras desde el gobierno se prohibía a una mujer mayor tomar sol en la plaza, a un deportista practicar remo, y a millones de alumnos asistir a clase, en paralelo se liberaban presos, se alentaban movilizaciones masivas y se consentían los piquetes.

Difícilmente otras sociedades toleren que el poder de turno coarte sus libertades más básicas, al tiempo que éste permite o promueve todo tipo de actos delictivos como los mencionados en precedencia.

Sin embargo, es incuestionable que una parte del problema está dado por la falta de contrapeso político. Los cuatro años de intervalo al extenso ciclo kirchnerista mostraron en el gobierno de Cambiemos no sólo errores, sino una inaceptable ambivalencia ante temas relevantes y falta de voluntad política para -al menos- comenzar a revertir los principales problemas estructurales.

De este modo, no resulta nada sorprendente que el debate electoral en la actual campaña muestre a las dos principales fuerzas políticas con un discurso -como mínimoinconsistente en el abordaje de las cuestiones más sustanciales. Y si bien es cierto que impedir al kirchnerismo acrecentar su poder en el Congreso es un objetivo muy necesario, lejos se queda con ese logro de aportar algo de luz en el horizonte de un país que tiene el rumbo extraviado hace mucho.

Lo que es seguro es que ningún país puede reconstituirse desde la anomía y el caos. El problema es que mientras hay sectores de la política que lo promueven y legitiman, otros especulan y hacen equilibrismo. La señal de que resulta gratuito violar las leyes ya es inequívoca y sus consecuencias tendrán perdurabilidad.

*Analista Jefe de DP