Tal como anticipó ámbito.com , este acuerdo está siendo motorizado por el Ministerio de Trabajo y el Foro de Convergencia, organización que agrupa a las principales entidades empresarias del país. Por el costado empresario, el Ministro de la Producción, Dante Sica, es el encargado de consultar sobre los problemas que enfrentan los distintos sectores y tender a acercarlos a la mesa de consenso.

Sin embargo, las últimas medidas que tomó el Gobierno para apuntalar las cuentas fiscales contribuyeron a tensar la relación con los empresarios, un vínculo que desde hace meses no pasa por su mejor momento. Una manifestación contundente en este sentido fueron las declaraciones de ayer del presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, que calificó de «misil contra el valor agregado» a la decisión oficial de bajar 66% los reintegros a las exportaciones.

La realidad muestra un panorama desfavorable para el grueso de las actividades económicas. El INDEC acaba de informar que la industria se desplomó 8% en junio, el campo sufrió la peor sequía en 50 años, la construcción muestra signos claros de desaceleración y las ventas minoristas de las pymes cayeron casi 6% en julio, según CAME.

El Gobierno también mantiene diferencias con los dirigentes sindicales. Fuentes de los gremios señalan que se sienten «defraudados» por algunas actitudes oficiales. Por caso, afirman que cumplieron con la palabra, empeñada ante las autoridades nacionales, de reducir la conflictividad social durante la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional durante la semana pasada. Pero argumentan que este acto no fue correspondido por el Gobierno que -sostienen- sigue adelante con su proyecto de recorte del empleo público.

En el marco de la vertical caída que está experimentando la actividad, los sindicalistas sostienen que «sienten cada vez más presión de las bases». En este sentido, estudios privados dan cuenta que posiblemente aumente la desocupación, en torno de un punto durante el año en curso, desde el 8,3% registrado el año pasado, a cerca de 9,3%.

Aunque públicamente las autoridades no lo dicen ya se sabe que los altos índices de inflación afectarán el poder adquisitivo de los asalariados y la recesión provocará un aumento del desempleo. Consultoras privadas ya hablan de una caída del PIB cercana al 2% en tanto que la inflación la estiman se acercará al 34%. Este martes se conoció el dato del INDEC que acumula una inflación en un 19.6 % a julio y anualizada se ubica en 31.2%.

El actual intento del Gobierno de juntar a empresarios y sindicalistas tiene como antecedente mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo en 2016. Esta iniciativa fue un fracaso. En aquella oportunidad la Confederación General del Trabajo se retiró de las negociaciones acusando al Gobierno y los empresarios de no cumplir con el compromiso de congelar despidos.

Desde ese momento, la estrategia oficial giró y se concentró en el armado de mesas sectoriales, experiencia que arrojó resultados diversos. En algunos casos los avances fueron magros, mientras que en otros se obtuvieron significativos los resultados – apertura de mercados en el caso de la mesa de carnes, o aumento de la producción y productividad en petróleo -.

Ahora, frente a la intensidad de la crisis desatada por la corrida cambiaria, el Gobierno vuelve a intentar un acuerdo con el conjunto de los actores. No obstante, la falta de un ejercicio de entendimiento a lo largo de estos años torna difícil la concreción de este tipo de acuerdos en el momento en que «las papas queman», según señalan desde el sector privado.