Fuente: Ámbito Financiero

El juez de instrucción Marcos Andrés Fernández quedó a cargo de una investigación contra Mauricio Macri. Se trata de una causa impulsada por un empresario que reclama por una deuda supuestamente impaga desde 1993, cuando el expresidente era titular de la automotriz Sevel.

El empresario en cuestión es Antonio De Martinotitular de Automotores Saavedra y otros emprendimientos. Viene reclamando en todas las instancias y fueros judiciales por supuesto incumplimiento por parte de Macri de una sentencia añeja por un reclamo económico. Hasta el momento, el caso se encontraba trabado ya que dos juzgados de instrucciónel 15 y el 21, se atribuían mutuamente la competencia por dos expedientes conexos.

El camarista Hernán López consideró que «Mauricio Macri se encuentra imputado en autos conforme surge del dictamen fiscal señalado» y, en ese marco, consideró que «en resguardo del principio de la mejor y más pronta administración de justicia debe ser el Juzgado n° 21«, a cargo del magistrado Fernández el que continúe con el expediente.

¿En qué consiste el reclamo?

«Se investiga en la presente el hecho denunciado por Antonio Conrado De Martino ante la Cámara Criminal y Correccional con fecha 17 de octubre de 2022. En su extensa y poco clara presentación manifestó que formulaba denuncia contra Mauricio Macri en su calidad de deudor de Automóviles Saavedra, por su carácter de presidente de Sevel Argentina, hoy Stellantis, en razón de que no completó el pago de la sentencia recaída en sede judicial (expediente nro. 37846/1993 ‘Automóviles Saavedra SA c/Fiat Argentina s/ordinario’)», explica el fallo.

La denuncia asegura que para eludir el cumplimiento de la supuesta obligación, Macri «contrató a Héctor Recalde, como jefe de una banda criminal que se la conoce como ‘industria del juicio’ integrada por al menos 11 jueces laborales de primera y segunda instancia».

La denuncia apunta a los presuntos delitos de «prevaricato, abuso de autoridad y coacción en el marco de una asociación ilícita«, por los que responsabilizó a una larga lista de jueces, camaristas y empresarios. Entre ellos Cristiano Rattazi, ex titular de Fiat Argentina, y Susana Agnelli, ex ministra de Asuntos Europeos de Italia y nieta del fundador de FIAT, fallecida en 2009.

De Martino denunció «la actuación ilícita delictuosa de la mesa judicial de Mauricio Macri para perjudicar el cumplimiento de la sentencia dictada en 1998 por la Cámara Comercial, confirmada por la CSJN en el año 2000 en la cual Macri fue condenado por sumas de millones de dólares».