Por Ernesto Hadida- Bae Negocios
La extensión de la cuarentena hasta el 13 de abril desató entre los gobernadores la pelea por el «día después». Y es que todos los mandatarios subnacionales ya dan como «palabra santa» los pronósticos de Ginés González García (GGG) y su equipo, que le pusieron fecha al armagedon sanitario- el cual empezará el 30 de abril y terminaría a fines de junio- que producirá el coronavirus en el sistema de salud argentino. En rigor, no les preocupa tanto lo que ocurrirá en mayo y junio (confían en GGG y saben que cuenta con más de USD1.500 millones extras para gastar en el operativo anticoronavirus) sino cómo el Estado nacional administrará los salvatajes a empresas que llegarán al 30 de abril al borde de la quiebra.
Pero si bien el tema de los respiradores es central para algunas provincias como Buenos Aires (el tema llevó a una discusión a Axel Kicillof, González García y los dueños de la única empresa que produce los respiradores, la cordobesa Tecme, la cual sufrió el reclamo del joven gobernador y la amenaza de acciones legales sino le daban 700 respiradores por mes a la provincia, pedido que fue desactivado por GGG, quien es por mandato del presidente Alberto Fernández el que decide hacia dónde van los respiradores), para las otras jurisdicciones lo más importante es cómo hacer que las pequeñas y medianas empresas de sus provincias puedan pagar los sueldos.
La propuesta que le hacen muchos al Gobierno proviene de una usina de pensamiento que conoce bien lo que ocurre en los distritos: el CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz) que conduce el economista Andrés Asiain. En rigor, los economistas del CESO proponen que si se incluyera en los Repro a todas las firmas de hasta 50 empleados, esto equivaldría a cubrir el 97% de los empleadores y al 33% de los trabajadores en relación de dependencia. Este programa tendría un costo mensual de $43.562 millones, el equivalente al 0,2% del PBI.
Lo cierto es que el otorgamiento de los Repro es lento y burocrático, y los gobernadores piden un «fast track», una medida que agilice los carpetas de pedidos que ahora se pierden por los pasillos de los bancos estatales. Los hombres del interior conocen los laxos tiempos de la administración central, y preocupan las demoras para que se otorgue el programa de recuperación productiva, por el que el Gobierno le gira a las empresas un salario mínimo por trabajador para ayudarle a pagar los sueldos. Creen también que los 16.875 por mes enviado a cada trabajador por 12 meses a cada empresa que se la haya aprobado la solicitud es poco, y que debería ser superior a los 24.000 pesos.
También le preocupa lo que muchos bancos privados le están haciendo a las empresas, como bloquearle los préstamos preacordados antes de la cuarentena y por tener más de cinco cheques rechazados. Y con más de veinte cheques rechazados, cierran cuentas. Hecho que, en la realidad, los mandatarios saben que es una avivada de los bancos privados, ya que la mayoría de los cheques rechazados fueron depositados el 18 y 19 de marzo, en medio de la cuarentena. En un gesto al Gobierno, algunos bancos duplicaron límites de descubierto para evitar ola de cheques rebotados el jueves con la reapertura del clearing. «Pero es fulbito para la tribuna», le dijo a este cronista el gerente de un banco estatal; y agregó: «Si no lo refinancian las deudas bancarias con un plazo de gracia de 60 días y 6 cuotas sin interés y le dan líneas de crédito para pagar salarios a tasa cero, con plazo de gracia, por más que el Gobierno le de créditos blandos al 24% -que en los hechos los privados prestan a cuentagotas- no se soluciona nada».
Los gobernadores lo saben y están preocupados. Porque tienen claro que siempre que llovió, paró, Y como dice un viejo ex gobernador: «Para caminar en el barro se necesitan más botas de goma y mucho más que préstamos de látex».
