La anécdota se cuenta hace tiempo entre los empresarios del área energética. En toda licitación el Estado pone los pliegos de condiciones y las empresas que se presentan van al acto con las ofertas. El caso en cuestión se trató de una central de ciclo combinado. La apertura de sobres fue toda una sorpresa: las dos ofertas que picaron en punta tenían, hasta las comas, la misma redacción y contenido, salvo por el nombre de la empresa oferente. Así, Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra y IECSA, comprada por Angelo Calcaterra, se cruzaron en un juego licitatorio que el propio Ministerio de Planificación debió dar por desierto ante el papelón, ¿Que había sucedido? Alguien, en alguna de los dos empresas, se olvidó de reescribir lo que había que presentar como oferta.

Estas historias de licitaciones hechas a medida para garantizar un enroque continuo entre oferentes, no comenzaron a conocerse con la aparición de los cuadernos, aunque estos las ratificaron, sino que forman parte del anecdotario que circula en mesas entre periodistas y empresarios desde hace tiempo. El problema es que rara vez pudo escribirse sobre la cuestión porque lo que faltaron eran precisamente las pruebas. Pero hay una realidad inobjetable que flota en medio de este escándalo de coimas y sobornos: nada de lo que se esta conociendo sueña delirante para quienes circulan el mundo de la política y la economía. Todo se sabía.

Un ministro del actual Gobierno relató hace poco que en los registros de su ministerio se llegó a encontrar entre papeles los antecedentes de una licitación donde entre las fojas del ganador apareció una hoja firmada y sellada por la empresa que había perdido. Es otra muestra del increíble mundo de repartición de obra pública digitada que la Justicia investiga ahora.

El mundo empresario está en shock y no son solo los que están detenidos y hasta se mostraron llorando al ser detenidos. No está nada claro donde esta la línea que divide a quienes participaron del «mecanismo» de la era kirchnerista y los pocos que quedaron afuera de ese ejercicio de sobornos. Por ahora existe un solo indicio que lanzó el Gobierno: ninguno de los empresarios que están en los cuadernos entraron en los PPP.

El resto entra en una división de la causa a la que pocos prestaron atención hasta ahora y que habrá que tener en cuenta. El mundo de las empresas que participaron entregando fondos a Roberto Baratta con despacho al quincho de la Residencia de Olivos o al departamento particular de los Kirchner se divide en dos: los que aportaron a la «recaudación» y los que entraron en la ronda de los «dividendos».

No es menor la diferencia. Los primeros, se cuenta entre jueces y empresarios, pagaban montos fijos para seguir adentro del sistema de reparto de obra pública. Sería la razón por la que en los cuadernos aparece el ex presidente quejándose de la baja recaudación. Los dividendos eran otra cosa: un porcentaje de la obra que en el primer desembolso o previo a eso, debía destinarse a las entregas. Muchos no saben aún en qué lugar ubica la Justicia a cada empresario, solo sabe lo que pagó y guarda aun el secreto, Salvo Juan Carlos de Goycoechea que dejó de ser un desconocido para el público local cuando se ordenó su detención. Como arrepentido quizás cuente también porque algunos nombres curiosos aparecen en el directorio de Isolux Corsan España, la empresa madre también liada con uno de los escándalos de corrupción mas sonados con el Partido Popular y hoy en estado de quiebra.